¿Qué hacer cuando no puedes pagar el recibo del agua? Los Mecanismos de Acción Social

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  • ¿Qué hacer cuando no puedes pagar recibo agua? Mecanismos Acción Social
  • El objetivo de los Mecanismos de Acción Social es garantizar la asequibilidad del servicio de agua. Sin embargo, hay diversas maneras de aplicarlos; estudiamos los ejemplos más paradigmáticos en España.

Sobre la Entidad

Águeda García de Durango
Responsable de Contenidos y Comunidad en iAgua.

Publicado en:

Portada iAgua Magazine
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Los mecanismos de acción social no son una novedad en el sector del agua. Las compañías españolas – ya sean públicas, privadas o mixtas – operadoras de los servicios de agua urbana cuentan desde hace años con ayudas, generalmente incluidas en la tarifa de agua y/o en Fondos de Solidaridad, dirigidas a garantizar el acceso al recurso a los colectivos más desfavorecidos.

En este sentido, las entidades que no disponen de ellos son un hecho aislado en el territorito nacional. De hecho, según el XIV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2016 de AEAS-AGA, más del 90% de la población reside en municipios que poseían uno o ambos mecanismos, alcanzando al 1,2% de los usuarios.

La evolución de estos instrumentos sociales ha ido pareja a la difícil situación económica de los últimos años, y en consecuencia, al incremento de familias con dificultades para enfrentar el pago de los suministros básicos en el hogar, llegando en ocasiones al punto de cortarlos debido a las condiciones extremas de la renta de los hogares. Por ello, su existencia está más que justificada, así como la necesidad de mejora continua de su adecuación en los municipios donde se han puesto en marcha.

Pero primero, veamos en detalle qué formas de aplicación hay disponibles y en qué zonas se aplican.

Tipos de mecanismos de acción social

Los operadores de los servicios de agua urbana cuentan desde hace años con ayudas dirigidas a garantizar el acceso al recurso a los colectivos más desfavorecidos

Hay diferencias manifiestas en la puesta en macha de las ayudas en función de la entidad prestadora del servicio e incluso, del área geográfica. Haciendo una revisión de la información disponible en iAgua.es relativa a este tema en los dos últimos años, se observan varias líneas de actuación. La mayoría de ellas se basan en medidas económicas incluidas de una u otra manera en los recibos de agua o como parte de los presupuestos locales. La estructura tarifaria también influye, aunque en este reportaje no se ha tenido en cuenta.

En una primera clasificación grosso modo, la primera modalidad que destaca es la inclusión de la ayuda en la tarifa del servicio de agua o la bonificación de la misma. Es el caso, por ejemplo, de Puertollano, que creó en 2015 un fondo de 40.000 euros aplicables tanto sobre la cuota fija como en los términos variables del recibo del agua y se otorgaba por un período de dos trimestres ampliables a familias en riesgo de exclusión social.

También el mismo año, el Ayuntamiento de Almería incluyó bonificaciones a más de 4.000 familias almerienses, entre ellas las numerosas y las de pensionistas. El municipio ofrecía además medidas complementarias, como tarifas especiales.

Almassora, junto a Facsa, es otro caso a remarcar el pasado año, así como Estepona con Hidralia y su fondo social, puesto en marcha de nuevo en 2016 por tercer año consecutivo y que ha ayudado a pagar el coste de más de 260 facturas de unas 150 familias. Igualmente, Vélez-Málaga ha activado recientemente un fondo social por valor de 30.000 euros, que se suma a los planes de pagos específicos por parte de Aqualia, empresa concesionaria, de hasta cinco euros al mes.

Un segundo tipo es la reducción de la cantidad a pagar en el recibo. El caso más paradigmático es el del Canal de Isabel II en Madrid, que en 2015 inició la aplicación de una disminución del 50% en el pago del canon fijo del agua a familias con escasos recursos. Esto prometía garantizar un suministro de 140 litros de agua diarios por una cantidad cercana a los 9 euros bimensuales.

Otro de los métodos más extendidos es la condonación de recibos. Hidrogea lo aplica desde el pasado mes de enero en las localidades de Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Cieza y Beniel; y tiene previsión de hacerlo en Lorca. La compañía simultanea además otras modalidades de apoyo, como tarifas especiales y bonificaciones en los recibos.

Hay diferencias en la puesta en macha de las ayudas en función de la entidad prestadora del servicio e incluso, del área geográfica

En Murcia, por otra parte, el Ayuntamiento estableció en 2014 una ‘tarifa plana’ de 5 euros mensuales para disponer de 110 litros por habitante y día, un sistema pionero en España. Asimismo, la ciudad tenía en marcha otras bonificaciones previas.

Suministros mínimos y prohibición de cortes

La prohibición de cortes de agua por imperativo legal es otra herramienta, escogida por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Cantabria en 2015 con el Decreto por el que se regula la garantía de abastecimiento de agua por circunstancias socioeconómicas. El Ejecutivo regional se compromete a hacer frente al gasto en conjunción con los municipios en los que residan los afectados.

Calatayud adoptó una política similar junto a Aquara, en la que la compañía se involucra en poner freno a la suspensión de suministro de agua por impagos.

En Salamanca tampoco se corta el agua. Aqualia acordó con el Gobierno municipal a principios de este mismo año que las personas en riesgo de sufrir un corte por las dificultades de pago podrían solicitar a la empresa la suspensión inmediata del mismo o la reanudación del suministro.

También este 2016, Facsa ha firmado con la Alcaldía de Nules un convenio por el que se compromete a evitar los cortes por impago, así como evitar cargos por demora en el pago o cualquier otro interés derivado.

De la misma manera, la empresa pública Giahsa se suma al no-corte de agua: en el primer trimestre de 2016, 245 familias de la provincia de Huelva de 36 municipios no han sido privados del recurso, además de conseguir un acuerdo de pago de sus respectivas deudas acorde a sus posibilidades.

Por último, la ciudad de Cáceres firmó recientemente un acuerdo con el Canal de Isabel II un acuerdo para evitar cortes de agua a familias necesitadas.

En otro extremo se encuentra la provisión de una cantidad mínima de agua. Aljarafesa, por ejemplo, garantiza 100 litros de agua diarios a los vecinos con menos recursos a los que presta servicio.

Acciones integradas

En general, las medidas para hacer frente a la falta de pago de los recibos no se aplican de manera única, sino que integran varios métodos para hacer aún más efectiva la ayuda a las familias con problemas económicos.

Entre los casos anteriormente mencionados, cabe destacar el ejemplo de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe en Andalucía, donde además de los instrumentos de garantía, existe un Fondo de Acción Social que asegura el suministro de agua potable a los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles.

En Sevilla, Emasesa simultanea ayudas para situaciones de emergencia social con la constitución de grupos de trabajo con entidades, asociaciones y sindicatos para la definición de una estrategia para la empresa pública metropolitana, con el fin de incrementar el diálogo y la participación.

¿Qué hacer para mejorar?

Las medidas para hacer frente a la falta de pago de los recibos no se aplican de manera única, sino que integran varios métodos

El informe de AEAS y AGA junto con ECODESSostenibilidad social en el sector del agua: situación y recomendaciones” recoge algunas observaciones en este sentido. Entre ellas, destaca la elaboración de una guía de buenas prácticas de mecanismos de ayuda social en el sector del agua urbana; la no interrupción del suministro de agua a los hogares por incapacidad de pago justificada; la consideración de criterios de renta en los mecanismos de acción social y la intensificación por parte de las entidades operadoras de la colaboración con los servicios y entidades sociales en la búsqueda de soluciones para los hogares en situación de pobreza.

Como hemos visto, numerosos ayuntamientos incluyen una o varias de ellas. Aun así, se hace patente la necesidad de continuar mejorando las iniciativas sociales de los servicios de agua urbana.

Así, los ayuntamientos y los operadores deben seguir optimizando el diseño, administración y ejecución de los mecanismos. No obstante, todos ellos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que su elección, diseño y aplicación debe basarse en análisis socioeconómicos que tengan en cuenta las características de cada municipio o ámbito de gestión, tal como aconseja la publicación de AEAS y AGA.

Y es que la ONU recomienda que la tarifa del agua no supere el umbral del 3% de los ingresos del hogar. Y, en España, representa el 0,9% de media. Estos mecanismos de acción social, al fin y al cabo, son las herramientas concebidas para asegurar la asequibilidad a colectivos desfavorecidos.

Por último, el informe plantea la creación de un ente regulador independiente para armonizar los de criterios en el sector del agua urbana en España con potestad para establecer un rango de criterios en la estructura tarifaria y los mecanismos de acción social. Éste es un tema reclamado por expertos de la talla de Luis Castilla, Presidente de Acciona Agua; Roque Gistau, Presidente de AEAS; Félix Parra, Director General de Aqualia; Carlos Vázquez Cobos, Responsable del Comité de Agua del Foro PPP; José Díaz Caneja, Director General de Acciona Agua; Fernando Morcillo, Presidente Ejecutivo de AEAS; José Carbonell, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA); Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) o Pedro Rodríguez, presidente de ASA-Andalucía. 

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