En noviembre del pasado año, la Comisión Europea anunció que llevaba a España ante el Tribunal de Justicia (TJUE) por no garantizar la adecuada recogida y depuración de las aguas residuales urbanas en 17 aglomeraciones urbanas, una obligación recogida en la Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre tratamiento de aguas residuales.
Esta norma contemplaba plazos de varios años para que los Estados miembros cumplieran los requisitos europeos, considerando entre otros factores la dificultad de la adaptación de las infraestructuras existentes, la construcción de las nuevas y la financiación de las mismas.
Pero rebobinemos. El aviso venía de lejos: ya en abril de 2011, el TJUE dictaminó que las autoridades españolas estaban infringiendo la legislación europea al no gestionar debidamente las aguas vertidas por 37 aglomeraciones (ciudades y urbanizaciones).
El plazo otorgado por la Directiva, que data de 1991, llevaba entonces 11 años de retraso, ya que la fecha límite para adecuar o implantar los sistemas procedentes estaba fijada en diciembre de 2000.
José Fiscal, Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
Sin embargo, a finales de 2016 las cosas solo habían mejorado a medias, y las poblaciones de Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate en Andalucía; Santiago, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo en Galicia; Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira en la Comunitat Valenciana; Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güimar en Canarias y Gijón Este seguían sin resolver la cuestión de las aguas residuales, lo que conlleva la posible afección a 1.400.000 personas. Del total de estas localizaciones, llama la atención la elevada cifra de casos en Andalucía (8), así como cuestión de la depuradora de Gijón Este, que ha sido desde su comienzo un constate devenir de titulares y cruces de acusaciones de alcance mediático nacional.
Solventar este problema está en manos de las autoridades de cada país, que tienen el deber de garantizar la recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas para prevenir riesgos graves para la salud humana y el medio ambiente.
En cuanto a la sanción solicitada por la Comisión Europea, la cifra no es precisamente desdeñable: nada menos que 46 millones de euros, más una multa diaria de algo más de 171.000 euros si no se logra el pleno cumplimiento en la fecha en que el Tribunal dicte su segunda resolución.
La situación de partida de Andalucía en 2011 contemplaba 13 aglomeraciones incumpliendo la Directiva
Andalucía: ¿En qué tejado está la pelota?
La situación de partida de Andalucía contemplaba 13 aglomeraciones incumpliendo la Directiva. Cinco han sido ya excluidas del procedimiento, pero aún son 8 las que necesitan mejorar la gestión de sus aguas residuales.
El pasado mes de febrero, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, pedía al Gobierno Central ejecutar la inversión pendiente de 300 millones de euros para obras de depuración en las localidades incluidas en los procedimientos sancionadores europeos, ya que la mitad de ellas (Barbate, Estepona, Matalascañas y Nerja) son competencia del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y declaradas de Interés General del Estado.
En este sentido, merece la pena detenerse en análisis de ciertos casos, como el de Estepona: En noviembre de 2016, Fiscal aseguró que la ampliación de depuradora de Guadalmansa (comenzada en 2010 y no exenta de parones por falta de liquidez) ya estaba finalizada y lista para su entrega al Ayuntamiento de la ciudad malagueña. No obstante, aún quedan flecos por resolver que impiden su puesta en marcha. La inversión aportada por el Estado para esta infraestructura asciende a 30,1 millones de euros, y su ejecución depende de la Junta. Con esta nueva depuradora, la cobertura cubriría la demanda de hasta 400.000 personas de las nuevas urbanizaciones de Estepona, varias zonas de Marbella, Istán y Benahavís.
Otro caso es el de Nerja. A pesar de las continuas paradas de la obra de construcción de la depuradora, que cuenta con un presupuesto de 23,2 millones de euros y comenzó en 2014, se prevé que entre en servicio a mediados de 2017. El anuncio del MAPAMA fue que estaría finalizada para junio de 2016. En temporada alta, dará cobertura a unas 125.000 personas.
Imagen del municipio de Nerja (Málaga)
Respecto a las cuatro restantes (Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín), de competencia autonómica, desde el Gobierno andaluz se afirma que se encuentran actualmente en ejecución.
Respecto a Alhaurín el Grande, Fiscal aclaró el pasado noviembre que ya se ha ejecutado parte de la red de colectores que agruparán los vertidos de Alhaurín el Grande y Cártama a falta del último tramo, pendiente de definir en función de la ubicación definitiva de la depuradora.
En Coín, el proyecto se encuentra englobado en la aglomeración urbana Álora-Pizarra-Coín. Según la Junta, se están llevando a cabo dos actuaciones: la aglomeración de vertidos (al 75% de su realización), que se reiniciará este 2017, y la correspondiente a la EDAR del Bajo Guadalhorce, adjudicada y pendiente de la resolución de un expediente expropiatorio para iniciar las obras. Tendrá capacidad para atender a una población de 45.000 habitantes.
Gijón: Vertidos y falta de acción
En Gijón, el agua residual de una población equivalente a 150.000 personas se vierte al mar sin tratamiento alguno
La historia de la gestión de aguas residuales en Gijón viene marcada por la EDAR Este, o de El Pisón. En mayo de 2010, el Gobierno autorizó su construcción por 36 millones de euros para que 5 años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenara paralizar la planta tras la denuncia de los vecinos, que alegaron irregularidades en la declaración de impacto ambiental de la obra. En marzo de 2016, la EDAR es declarada ilegal por un fallo del Supremo. Poco después la Audiencia Nacional obliga a cumplir la sentencia y se detiene completamente su actividad.
Teniendo en cuenta que esta depuradora estaba llamada a reemplazar y mejorar parte del tratamiento de las aguas residuales que realizaba la EDAR de la ‘Plantona’, una infraestructura con capacidad y medios insuficientes que actualmente actúa como pretratamiento de las aguas que llegan en exceso del alcantarillado, las consecuencias no se han hecho esperar.
Desde entonces, el agua residual de una población equivalente a 150.000 personas se vierte al mar sin tratamiento alguno a través del emisario de Peñarrubia, a 2.400 metros de la costa.
El Ayuntamiento de la ciudad ya ha pedido al MAPAMA ampliar la ‘Plantona’ si finalmente se elimina la depuradora de El Pisón.
Isabel García Tejerina, ministra del MAPAMA
No estamos solos
La de España no es una situación aislada en Europa. Otros Estados miembros ya han sido objeto de sanciones en casos similares.
Uno de los más llamativos por sus similitudes con el escenario patrio es el del vecino Portugal. En julio de 2014, el país luso fue denunciado ante el órgano de justicia europeo por no garantizar que las aguas residuales procedentes de pequeñas aglomeraciones se depuraran correctamente. La Comisión se escudó en la ausencia de sistemas colectores y de tratamiento apropiados, con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente que entraña.
La falta de conexión de 8 ciudades a sistemas de alcantarillado y la ausencia de instalaciones de tratamiento secundario o con capacidad suficiente en 186 poblaciones motivaron la acusación supranacional.
En octubre de ese mismo año, Portugal se enfrentó de nuevo a los tribunales. En esta ocasión, la amenaza tenía una cifra: Bruselas pidió un gravamen de casi 4.500.000 euros, más una multa diaria de algo más de 20.000 euros hasta cumplir sus obligaciones. Esta cantidad es significativamente menor a la propuesta para España, ya que su infracción se solventaría con la provisión de sistemas de recogida de aguas residuales en tan solo 2 aglomeraciones urbanas que debían estar finalizados en 2000.
817 ciudades italianas de más de 2.000 habitantes tenían que recoger y tratar sus aguas residuales antes de 2006
Otro ejemplo es el de Italia. Nada menos que 817 ciudades italianas de más de 2.000 habitantes equivalentes tenían que recoger y someter sus aguas residuales a tratamiento antes de finalizar 2005. Entre las mayores y más conocidas se encuentran Roma, Florencia, Nápoles y Bari. En marzo de 2015, la Comisión envió un dictamen motivado al Gobierno italiano antes de llevar su caso ante la justicia.
Francia es otro de los países con problemas recientes en la depuración de sus aguas. Igual que España, 17 aglomeraciones galas no disponen del tratamiento de aguas residuales que exigen la normativa de la UE. Nuestros vecinos de Pirineos ya recibieron en 2009 una primera advertencia respecto a esta cuestión, que afecta a zonas de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes.
Finalmente, Grecia se enfrentó en febrero de 2015 a la denuncia europea por el deficiente tratamiento de las aguas residuales en 5 ciudades y la falta de datos o incumplimiento de las leyes en 3 áreas más. Previamente, los griegos habían recibido una advertencia en 2010. Aunque se logró resolver algunas de las situaciones originales, la envergadura y persistencia de los problemas llevó a la Comisión a remitir el asunto al TJUE.
¿Y el futuro?
Poner remedio a la ausencia de gestión de las aguas residuales no es un camino fácil, ni corto. En España empieza a ser una cuestión de máxima urgencia, sobre todo mientras nuevos desafíos como los contaminantes emergentes o la reutilización se convierten en prioridades para Europa.
