La Diputación de Badajoz mediará entre los ayuntamientos, la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se construyan instalaciones de depuración de aguas y para evitar sanciones por vertidos sin tratamiento a los cauces de ríos y arroyos.
El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, se ha reunido con los representantes de una decena de municipios que vierten a la cuenca del Guadalquivir para conocer de primera mano la problemática, que les obliga aceptar una sanción que desde el ámbito local no es posible resolver.
Gallardo se ha comprometido a iniciar contactos, por un lado, con la dirección general de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, para que se planifique la construcción de depuradoras de aguas residuales en estas localidades y en otras 95 de la provincia, con objeto de evitar “la paradógica situación de ser sancionado por algo que no puedes construir porque no es de tu competencia”.
Por otro lado, el presidente se dirigirá también a la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para reiterar la solicitud de archivo de las sanciones impuestas a los ayuntamientos y solicitar la ejecución de un conjunto de obras comprometidas por el organismo de cuenca en los últimos años y que no han llegado a materializarse.
El Pleno de la Diputación de Badajoz ya aprobó el pasado 26 de junio una moción conjunta de los grupos socialista y popular por la que instaban a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al archivo de expedientes sancionadores iniciados contra diversos ayuntamientos de la provincia por el vertido de aguas residuales de estas poblaciones al dominio público hidráulico sin que existan instalaciones de depuración.
En dicha moción se pidió a las Confederaciones del Guadalquivir y Guadiana que autorizaran estos vertidos aunque no cuenten con sistemas de depuración.
El texto detallaba que los “responsables de la falta de depuración son el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (del cual forman parte las Confederaciones) y la Junta de Extremadura”.
También se insta a estos dos administraciones “al cumplimiento de sus obligaciones para que doten a los municipios afectados de un sistema de depuración de aguas residuales adecuado, según normativa vigente”.
