Ecologistas en Acción, que ejercía la acusación popular, se felicita por la contundente sentencia contra los directivos de la mina Cobre Las Cruces y la propia empresa por contaminar un acuífero con arsénico, a pesar de que estaba destinado al consumo humano. Del mismo modo, denuncia la nula colaboración, cuando no obstrucción, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de la Junta de Andalucía, que no han luchado por la salud de la población ni por la protección del medio ambiente
Ayer se celebró el juicio oral contra los acusados François Fleury (ex consejero delegado de Cobre Las Cruces, CLC), William Thomas Williams (ex director de la mina de CLC) y Paz Cosmen Shortmann (directora del departamento de medio ambiente de CLC). Los tres acusados, de conformidad con la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, se han declarado culpables de sendos delitos contra el medio ambiente (art. 325, 326 y 340 del CP) y de daños al dominio público (art. 263 y 264 del CP).
Las penas impuestas para cada uno de los condenados han sido de un año y tres meses de prisión y un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. La indemnización por responsabilidad civil de la empresa ha quedado fijada en 43.688,17 € por contaminación y 249.521,43 € por detracción ilegal de aguas subterráneas.
Estaban inyectando aguas contaminadas procedentes del fondo de la corta minera, algo terminantemente prohibido
Las investigaciones judiciales se iniciaron en mayo de 2008 tras la denuncia de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Durante la fase de construcción de la corta minera de CLC, en Gerena, activistas de Ecologistas en Acción detectaron una gran cantidad de balsas ilegales con aguas contaminadas, que fueron denunciadas de manera reiterada ante la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, desde junio de 2007.
Los hechos delictivos cubren el periodo entre 2005 y 2008, cuando se detectaron concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas muy superiores a las permitidas para el consumo humano. Esta contaminación se estaba introduciendo en el acuífero Niebla-Posadas, a pesar de que se usa para consumo humano. Paradójicamente, la contaminación se provocaba por el sistema de drenaje-reinyección SDR de la mina, cuando la función de ese sistema debería ser la de proteger el acuífero. Estaban inyectando aguas contaminadas procedentes del fondo de la corta minera, algo terminantemente prohibido.
Los daños producidos no fueron mayores gracias a la paralización cautelar que ordenaron técnicos de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. También de forma significativa, esos técnicos fueron apartados del control de la mina.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla indica que desde el año 2006 se detectó una surgencia que estaba vaciando el acuífero y vertiéndolo al río Rivera de Huelva, con conocimiento de la empresa. Y también ha quedado demostrada una detracción ilegal de aguas, derivada del incumplimiento de la obligación de mantener un equilibrio entre las extracciones y reinyecciones de aguas subterráneas de SDR. En los primeros nueve meses de 2007 se reintegró al acuífero un 43% menos de agua de lo necesario para mantener ese equilibrio.
Los técnicos de la Confederación informaron que el espíritu y letra de la autorización de la mina se estaba incumpliendo en todos sus flancos.
Ecologistas en Acción, como acusación popular, muestra su satisfacción por el trabajo riguroso, constante e ininterrumpido del Juzgado nº 19 y de la Fiscalía de Medio Ambiente durante la instrucción, recabando numerosos informes a diferentes organismos técnicos, hasta llegar a las contundentes conclusiones que se plasman en la sentencia. Inicialmente la Audiencia Provincial había fijado el juicio oral para septiembre de 2017 pero, tras el acuerdo de conformidad, la vista oral se celebró ayer, 12 de septiembre.
Censuramos, en cambio, la actitud pasiva de las administraciones públicas, tanto de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir como de la Junta de Andalucía, que además de no personarse para defender el dominio público y la salud de la población, siguen amparando los reiterados ataques medioambientales de la mina Cobre Las Cruces.
