El Pleno del Consejo Nacional del Agua (CNA), celebrado el pasado jueves 16 de marzo, aprobó por unanimidad un pronunciamiento de condena por los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente, especialmente de los ríos.
La decisión surgió tras una propuesta de Ecologistas en Acción, que presentó una resolución para que este organismo rechazara públicamente el creciente número de asesinatos de ecologistas, especialmente en países como Honduras, Guatemala y Colombia.
Ecologistas en Acción considera que la decisión del CNA es una muestra clara del alto consenso político y social que hay en nuestro país de rechazo y condena de los asesinatos de personas defensoras de la naturaleza. En primer lugar, por la naturaleza del CNA; se trata de un organismo consultivo reglado, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, entre cuyas funciones está la de informar al Gobierno sobre todas aquellas cuestiones relacionadas con el agua.
En segundo lugar, porque reúne entre sus miembros una muy alta representación política y social de nuestro país, pues en el mismo está representado el Gobierno español (lo preside la Ministra de Medio Ambiente), con representantes de varios ministerios, los 17 gobiernos autonómicos, la Federación Nacional de Municipios, los diferentes usuarios del agua (regantes, abastecimiento, hidroeléctricos, etc.), las principales compañías eléctricas españolas, los sindicatos, las universidades y finalmente las organizaciones ecologistas.
Esta muestra de rechazo es un buen primer paso que debería tener continuidad tomando las medidas necesarias para frenar la violencia que viven las personas que denuncian agresiones ambientales o de los derechos humanos.
Ecologistas en Acción considera que, con arreglo a su propio ordenamiento jurídico, debería existir una mayor implicación internacional por parte de los gobiernos europeos para proteger la labor de las personas que defienden la conservación de los ecosistemas en aquellos territorios donde se vean amenazados, con independencia del país del que se trate. Por esas razones, la organización ecologista ha solicitado que se promueva en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo una resolución en este mismo sentido y que incluya, además, la petición de la salida de empresas transnacionales españolas y europeas de aquellas zonas donde se puedan estar produciendo situaciones de graves violaciones de derechos humanos, por una cuestión de coherencia con lo que dichas empresas multinacionales votaron en el Consejo Nacional del Agua.
