El Partido Aragonés reclama que los ingresos de los saltos hidroeléctricos se destinen a lo previsto en la ley

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  • Reitera la exigencia al Gobierno central de la financiación necesaria para la descontaminación de las afecciones causadas por Inquinosa.

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés (PAR) ha registrado una iniciativa en las Cortes de Aragón, para reclamar que "los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca procedentes de los aprovechamientos hidroeléctricos" se destinen a "la restitución económica y social de los municipios donde se generan, así como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca", tal como obliga la legislación vigente.

La iniciativa versa sobre diversos aspectos de restituciones territoriales y actuaciones ligadas al ciclo integral del agua. En ese marco, se vuelve a reiterar la exigencia de reclamar al Gobierno central "la continuidad de la colaboración presupuestaria para la ejecución de actuaciones pendientes en la descontaminación integral de los suelos afectados por los vertidos de Inquinosa" y recuerda que la actividad de esta empresa se inició y desarrolló cuando las competencias las tenía la Administración General del Estado, según ha subrayado el grupo en una nota de prensa.

El PAR recalca que tras el protocolo firmado en 2007 entre el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de junio de 2008 un convenio de colaboración para acometer actuaciones para la mejora de las aguas del río Gállego, con un coste de 28,6 millones de euros, para remediar la contaminación causada por la empresa Inquinosa.

Además, se creó una comisión de seguimiento de los trabajos de prevención, vigilancia y control hidrológicos, formada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Esta es la tercera vez que el PAR reclama en sede parlamentaria en la actual legislatura que se retome ese convenio.

Por último, también en materia hidráulica, el PAR solicita al Gobierno central "la senda financiera oportuna y los avances técnicos y administrativos precisos para que todas las obras de regulación dispongan de su correspondiente plan de restitución, de manera consensuada con el territorio". Con todo ello, el PAR pide el cumplimiento estricto de lo previsto en la Ley de Aguas, el Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en materia de restituciones territoriales.

Cumplir la ley

Según la legislación vigente, la planificación hidrológica tiene como objetivo el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico, la satisfacción de las demandas de agua y el equilibrio del desarrollo territorial y sectorial. El PAR ha considerado que "estas premisas tienen especial relevancia en Aragón, una Comunidad Autónoma donde la puesta en valor sostenible del territorio pasa ineludiblemente ligada al agua".

La legislación y los títulos concesionales de los saltos hidroeléctricos fijan la obligación que tienen las empresas que explotan estas infraestructuras de ceder al organismo de cuenca a bajo coste el 25 por ciento de la energía producida o su pago equivalente.

Los organismos de cuenca han de destinar estos ingresos, así como los de los saltos revertidos a la Administración, a fines de servicio público, en concreto a los objetivos fijados en el Plan de la Demarcación: restitución territorial, restauración ambiental, eficiencia y modernización de regadíos y necesidades energéticas para la gestión pública del agua de la Confederación y Comunidades de Usuarios como entidades de derecho público.

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