El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno replantear "la existencia" de las sociedades estatales de agua, después de haber analizado el grado de cumplimiento de las acciones, programas e inversiones de ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE y ACUAEBRO.
Así se manifiesta en el 'Informe de convenios de gestión directa vigentes entre las Sociedades Estatales de Aguas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante los ejercicios 2010-11' aprobado por el Pleno del Tribunal.
El análisis muestra también el "escaso grado de avance de la actividad inversora" de las Sociedades Estatales de Aguas que, a 31 de diciembre de 2010 habían invertido un 54 por ciento del total necesario para ejecutar las actuaciones que se incluían en los convenios de gestión directa y, a finales de 2011, era del 58 por ciento.
El análisis muestra el "escaso grado de avance de la actividad inversora" de las Sociedades Estatales de Aguas
Los Presupuestos Generales del Estado contemplaban 1,74 millones de euros para 2010 y 1,23 millones para 2011, con un descenso del 29 por ciento, mientras que tuvieron unas plantillas medias de 242 y 273 respectivamente. El documento apunta también "discrepancias" entre las actuaciones a desarrollar y el coste de estas inversiones así como "·desviaciones significativas" en materia presupuestaria.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recomienda que, a la vista del "escaso avance en su efectividad como motor de avance de las inversiones, es la de replantear la existencia de las Sociedades Estatales de Aguas". "Sería recomendable que se valorara la necesidad de seguir manteniendo esta modalidad de instrumentos de gestión, en particular si se tiene en cuenta que estas Sociedades se encuentran sometidas en un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario y administrativo", concluye el documento.
Asimismo, propone al Gobierno que ponga en marcha medidas y procedimientos que "ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores y defectos" en la fase de planificación.
El Tribunal recuerda también que la Unión Europea ha abierto a España dos procedimientos de infracción, uno por el incumplimiento de la obligación marcada por la Directiva Marco del Agua, y otro por su deficiente trasposición al ordenamiento jurídico español.
Además, manifiesta el "escaso avance" de estas sociedades estatales en el objetivo de su creación, que era "dar una respuesta eficaz" a la inversión y la gestión de las obras hidráulicas competencia del Estado, tanto en la construcción como en la explotación de las mismas.
El análisis sobre la fiscalización ha permitido conocer y analizar los procedimientos de las Sociedades Estatales para ejecutar los convenios y en la aplicación de los recursos que, para sus actuaciones, recibieron tanto del Estado como de la Unión Europea.
Para regular las relaciones entre la Administración General y las Sociedades se suscribieron los convenios de gestión directa. En estos acuerdos se regulaban tanto los criterios generales de actuación para la construcción, adquisición y/o explotación de toda clase de obras hidráulicas, como la forma de financiación de las obras hidráulicas, que puede ser mediante fondos propios de la Sociedad Estatal -con aportaciones de instituciones públicas o sujetos privados-, con cargo a los fondos de la UE o acudiendo al mercado financiero.
"Falta de coherencia"
Sin embargo, el informe que analiza a ACUAMED, ACUASUR, ACUANORTE y ACUAEBRO concluye que tanto en la programación de sus acciones como en el presupuesto de las inversiones que estas sociedades debían realizar entre 2010 y 2011, existe una "falta de coherencia" entre los datos que, en este sentido, aporta el anexo de inversiones reales y los que recoge el Plan Especial de Seguimiento y Control de Objetivos, un instrumento creado para el seguimiento de la actividad y de los resultados de estas Sociedades.
Propone al Gobierno que ponga en marcha medidas y procedimientos que "ayuden a realizar unas previsiones más realistas, tanto en el diseño como en los plazos y costes de las actuaciones"
Al mismo tiempo, el documento analiza el cumplimiento que marca la Directiva Marco del Agua, respecto a los planes hidrológicos. A este respecto, la Directiva señala como fecha final para todos los planes hidrológicos de cuenca el 22 de diciembre de 2009, pero a finales de 2013, de los 25 que debían estar terminado, solo se habían aprobado 13.
Este incumplimiento motivó un requerimiento de la Comisión Europea a España en el que se recordaba que a fecha de 22 de diciembre de 2009, salvo en el caso del Plan Hidrológico de la Cuenca Fluvial de Cataluña, España no había adoptado, ni publicado, los planes hidrológicos de cuenca exigidos y que se habían cifrado en 25.
Esto provocó que la UE abriera dos procedimientos de infracción uno por incumplimiento de la obligación marcada por la Directiva Marco del Agua y otro por su deficiente trasposición al ordenamiento jurídico español.
El análisis fiscalizador recuerda la trasposición de la Directiva Marco del Agua al ordenamiento español que estableció el marco comunitario en política de aguas y que fijó unos horizontes temporales para cumplir en 2015 en buen estado ecológico y químico de las aguas el 22 de diciembre de 2009 como fecha límite.
La Comisión Europea remitió en junio de 2010 un requerimiento a España por no haber cumplido sus obligaciones y el 24 de octubre de 2012 el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por incumplir sus obligaciones en este ámbito.
