La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha señalado este martes que las presuntas irregularidades sobre el funcionamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) están siendo investigadas pese a ser anónimas y no haber sido advertidas en las fiscalizaciones previas; no obstante, también ha criticado la "dramática situación" en la que estaba el organismo cuando la Junta devolvió a la administración central sus competencias.
En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado, la ministra ha respondido así a una pregunta de la socialista Fuensanta Coves, que se ha quejado de que la CHG "solo es noticia" por protagonizar "escándalo tras escándalo" y que ha preguntado a la primer qué hace para evitar las supuestas irregularidades.
García Tejerina ha dicho que desde que el Gobierno central recuperó la competencia, que había sido "indebidamente transferida", el Ministerio "ha tomado medidas para normalizar la difícil situación en la que se encontraba la CHG tras tres años de gestión por parte de la Junta de Andalucía".
Sobre las presupuestas irregularidades de su dirección, ha señalado que se han recibido diversos escritos anónimos sobre los procesos de contratación que, si bien no han sido señaladas en los informes de la fiscalización de la Intervención General del Estado ni del Tribunal de Cuentas y "aún siendo anónimas", "no han sido archivadas sino que están siendo investigadas".
García Tejerina ha señalado que se han recibido diversos escritos anónimos sobre los procesos de contratación
"Hay que esperar a las conclusiones del procedimiento abierto, se está actuando con rigor", ha pedido la titular de Medio Ambiente que, sin embargo, ha querido incidir en la situación en la que estaba la Confederación cuando la Junta devolvió las competencias sobre ella. "requería urgente normalización", ha resumido.
Así, ha relatado que el estado de la CHG requirió normalizar la situación de 621 empleados públicos, "cuyas condiciones vulneraban principio de igualdad con respecto a otras confederaciones"; adecuar unas infraestructuras que la Junta entregó en "pésimo estado de conservación"; asumir actuaciones pendientes de ejecución por más de 100 millones de euros "para las que la Junta si recibió financiación pero que fueron devueltas sin los correspondientes fondos".
Además, ha expuesto que hubo que prescindir de 330 millones de euros de fondos Feder "que la Junta también recibió para infraestructuras hidráulicas pero que nunca se emplearon para ese fin ni volvieron a la Confederación".
"El agua nunca ha estado en sus prioridades", ha sentenciado García Tejerina, que también ha recordado que desde el retorno de las competencias al Estado, se han aprobado los planes hidrológicos; se ha recuperado el laboratorio de análisis de agua, valorado en un millón de euros y "que la Junta desmanteló"; se pusieron en "condiciones óptimas" las centrales hidroeléctricas que "dejaron paralizadas" y se pagó a los ayuntamientos los retrasos del IBI.
Para el PSOE, "desidia" del Gobierno
Por su parte, la senadora socialista se ha centrado en las irregularidades presuntamente cometidas por la actual dirección del organismo y ha acusado al Gobierno de caer en la "desidia" por no hacer "nada".
Coves ha expuesto que los representantes de las organizaciones agrarias "se levantan de las reuniones cansados de insultos y amenazas" de Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación; y que los funcionarios están sometidos a una "persecución política" que les hace trabajar "con miedo e intimidación".
Además, ha acusado a Ortiz de adjudicar presuntamente contratos para trabajos que, "según parece ya estaban ejecutados"; de incurrir en "amiguismo y trato de favor" y, aludiendo a lo publicado por los medios de comunicación, de adjudicar contratos "a dedo" por un valor de entre diez y doce millones de euros.
Así las cosas, ha pedido a la ministra que no siga "lavándose las manos" y que actúe. "Aquí no pueden mirar para otro lado", ha concluido.
