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IU recoge aportaciones para incorporar al acuerdo entre la Mancomunidad de Servicios de Huelva y los ayuntamientos

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  • IU recoge aportaciones incorporar al acuerdo Mancomunidad Servicios Huelva y ayuntamientos

El representante de Izquierda Unida en la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS), Juan Palma, ha informado este miércoles sobre el proceso de encuentros con ayuntamientos, colectivos sociales y ciudadanía de los diferentes municipios de la provincia de Huelva que está llevando a cabo Izquierda Unida para recoger aportaciones concretas que van a llevar como propuestas al nuevo acuerdo económico que la MAS y los ayuntamientos que la componen van a poner en marcha, tras ser acordado el borrador del mismo en el último pleno de la Mancomunidad".

Palma ha explicado en una nota de prensa que para ello han mantenido encuentros comarcales, donde "nos han trasladado todo tipo de aportaciones y propuestas concretas", que desde Izquierda Unida "vamos a llevar al siguiente pleno de MAS, para que puedan ser aprobadas definitivamente e incorporadas al acuerdo económico y así, se lleven a cabo en la gestión diaria Giahsa".

De este modo, ha expuesto que, "una de estas propuestas consiste en permitir que los ayuntamientos afectados por alguna incidencia técnica en el servicio de abastecimiento de agua pueda llevar a cabo obras de reparación que serían posteriormente financiadas por Giahsa, generando empleo directo en cada municipio afectado e indirecto por contar con proveedores locales".

Además, el representante de Izquierda Unida en MAS ha destacado que también van a llevar al pleno de esta Mancomunidad otras propuestas vecinales destinadas a "agilizar los contactos de la ciudadanía con Giahsa para solucionar las incidencias que se produzcan en su servicio con más agilidad".

Por otra parte, ha anunciado que Izquierda Unida "está trabajando en la recopilación de datos sobre los procesos de privatización del servicio público del agua que se han producido en diferentes municipios de la provincia, en beneficio de las empresa Aqualia y FCC, con el objetivo de defender la gestión pública del agua", tanto en el ámbito institucional como judicial, ante "las maniobras privatizadoras que están beneficiando a estas empresas privadas que sólo pretenden hacer negocio con el agua, a costa de la población, contando para ello con la connivencia de gobiernos municipales de derechas".

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