El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar el criterio favorable a la proposición de ley, presentada por el Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía, que solicita al Congreso de los Diputados la modificación de tres leyes estatales con el fin de reducir los elevados costes energéticos que actualmente soporta el regadío andaluz.
Este sector clave en el liderazgo agroindustrial de la comunidad, que ha realizado cuantiosas inversiones de modernización dirigidas precisamente al ahorro de agua y energía, se está viendo afectado por un incremento de entre el 20 por ciento y el 30 por ciento en su factura eléctrica como consecuencia de las últimas reformas adoptadas por el Gobierno de España.
La proposición se concreta fundamentalmente en la modificación de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para ofrecer una alternativa de reducción de costes a partir del autoabastecimiento eléctrico y de la flexibilización de las condiciones de suministro para actividades económicas de consumo intensivo y con estacionalidad.
Asimismo, se propone incorporar a la Ley 2/2011 de Economía Sostenible el compromiso de las administraciones públicas para realizar inversiones que favorezcan este objetivo, y la modificación de la Ley 37/1992, reguladora del IVA, para aplicar un tipo reducido del diez por ciento a la factura eléctrica de las comunidades de regantes.
El Gobierno andaluz subraya que los principales sobrecostes vienen de la revisión de tarifas de acceso a la energía eléctrica adoptada en agosto de 2013, cuyo aumento se centra en la parte fija vinculada a la potencia contratada (independientemente del consumo de cada usuario). Estas subidas ni siquiera pueden ser compensadas con la opción del autoconsumo, ya que la nueva regulación de esta fórmula en la Ley del Sector Eléctrico introduce un nuevo peaje que la hace prácticamente inviable.
A juicio del Ejecutivo andaluz, el nuevo marco regulador estatal está poniendo en riesgo la competitividad de muchas zonas regables modernizadas o en proceso de modernización, además de desincentivar los planes de mejora que actualmente se desarrollan.
Durante las dos últimas décadas, la Administración autonómica y las comunidades de regantes han desarrollado proyectos de ahorro de agua y energía en más de medio millón de hectáreas de regadíos, con unas inversiones público-privadas superiores a los 1.657 millones de euros.
El regadío suma en Andalucía 1,17 millones de hectáreas (una cuarta parte del total nacional), genera el 63 por ciento del empleo agrario y aporta el 64 por ciento de la Producción Final Agraria. Las zonas regables han duplicado su superficie durante las dos últimas décadas, en un proceso que ha tenido especial significación para las zonas más dinámicas y de mayor potencial exportador de la agricultura andaluza, como los invernaderos de Almería, los cultivos de fresa y cítrico de Huelva y el olivar jiennense.
