Piden un planteamiento integral del dragado del Guadalquivir para no poner en riesgo las economías afectadas

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  • Guadalquivir (Wikipedia Commons/CC).
    Guadalquivir (Wikipedia Commons/CC).
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El secretario general de COAG-A, Miguel López, junto a asociaciones de regantes y municipios afectados como Lebrija, Las Cabeza y El Cuervo, han pedido este jueves la creación de una mesa de diálogo con administraciones y sectores para que "prime el interés general" en el dragado del río Guadalquivir.

Así lo han señalado en rueda de prensa tanto Miguel López como la alcaldesa de Lebrija, María José Fernández; los alcaldes de Las Cabezas y El Cuervo, Francisco Toajas y Manuel González; el concejal de Agricultura de Utrera, Juan Bocanegra; el presidente de CREA, Isicio Cruz, y representantes de las cooperativas Las Marismas, Pinzón, Las Palmeras, Maribáñez y Agroquivir y de las comunidades de regantes BXII de Lebrija y Las Marismas de Los Palacios).

De esta manera, han reclamado un planteamiento integral para poder llevar a cabo esta obra sin poner en riesgo el sistema productivo y la economía de las zonas afectadas.

El secretario general de COAG-A, Miguel López, ha recordado que para acometer un proyecto de estas características debe primar el interés general y ha abogado por la constitución urgente de una mesa con las administraciones estatal y autonómica y los distintos sectores afectados.

Tal y como ha recordado López, en una cuenca deficitaria como la del Guadalquivir y con períodos de sequía, no se puede aumentar la demanda, "algo que ocurrirá si se draga el río sin acometer la modernización, tanto del arroz como de otros sectores". "Si actualmente se necesitan unos 400-500 hectómetros cúbicos para regar el arroz porque hay que empujar el tapón salino, con el dragado la salinidad sería mayor y sería necesario utilizar más agua para poder garantizar un riego de calidad", ha explicado.

López ha apuntado que hace años había un debate acerca del consumo de agua del regadío, de ahí que se iniciaran procesos de modernización que han supuesto un gran esfuerzo inversor para el sector (3.000 millones de euros, con amortizaciones anuales de 500 millones de euros y deudas para 50 años), pero hay zonas no modernizadas, como el propio arroz pero también la zona de marismas de Los Palacios o Utrera, que no pueden quedar excluidas.

"Para garantizar el sistema productivo tenemos que garantizar la calidad del agua y eso no es posible si traemos el mar a Sevilla. No valoramos si el dragado es bueno o malo, pero sí hay que tener en cuenta que traer el mar a Sevilla va a provocar un aumento de la salinidad en el río y en los acuíferos, y hay que poner en marcha medidas correctoras para que esto no sea un problema para el sistema productivo. No podemos olvidar que este río es la columna vertebral de Andalucía, y soporta hoy una Producción Final Agraria cuyo valor económico supera los 6.500 millones de euros. Esto significa pueblos vivos, empleo, agroindustria, gestión territorial, fijación de población", ha declarado López.

Una de las cuestiones "esenciales" es separar del río la gestión de la cuenca, porque "tras el dragado el río no serviría para gestionar el sistema de regadío de Andalucía". Esto pasa por modernizar todo el sistema, algo que, según sus cifras, puede tener un coste de unos 500 millones. "Hay que plantearse si están dispuestos a poner ese dinero. Porque si no, nos podemos cargar la economía de Andalucía", subraya el secretario general de COAG-A.

Los principales cultivos de la cuenca son arroz, olivar, algodón, tomate para industria, remolacha, cítricos, hortícolas al aire libre y extensivos, que ocupan más de 850.000 hectárea. Sólo el Sistema de Regulación General, que se vería directamente afectado por una posible subida de la salinidad, ocupa 448.115 hectárea y genera 10,5 millones de jornales.

Por último, ha indicado que el sector agrario atraviesa una situación complicada, con costes de producción que se han disparado, con deudas a 50 años por las inversiones realizadas y con precios que a menudo apenas cubren los costes de producción, por lo que la renta agraria desciende. "Las políticas comunitarias tampoco están orientadas a la defensa del sector, y cada vez existen menos mecanismos de gestión de los mercados", ha advertido.

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