ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha "acciones jurídicas" para exigir a dos empresas en las que participa total o parcialmente Agbar el pago de 10 millones de euros que deben a la empresa por los servicios prestados, ha informado la concesionaria en un comunicado.
Hace referencia a la empresa mixta Aguas de Barcelona empresa metropolitana de gestión del ciclo del agua, participada por Agbar, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y La Caixa, así como a la empresa Sorea, que aglutina 49 municipios y que pertenece al grupo Agbar/Suez.
Además, la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha requerido el pago --con plazo máximo hasta el 20 de diciembre--, y ATLL ha pedido a los 49 ayuntamientos que abastece Sorea y a la AMB que asuman sus responsabilidades como titulares del servicio en baja y que exijan a sus gestores el pago del servicio prestado, y les ha informado "de las consecuencias derivadas de este incumplimiento".
ATLL explica que las dos empresas citadas han dejado de pagar estos 10 millones por el servicio de abastecimiento de agua en alta prestado por ATLL Concesionaria y el suministro en el ámbito metropolitano y comarcas del entorno, lo que supone más de 12 millones de metros cúbicos de agua sólo en el mes de agosto.
Señala que ambas empresas fundamentan su incumplimiento afirmando que ATLL Concesionaria ya no es titular del contrato de gestión y está en proceso de liquidación y que, por tanto, no está en posición de exigir la tarifa.
Sin embargo, ATLL afirma que estos argumentos "no tienen ninguna base jurídica", ya que hasta la fecha el contrato de gestión firmado el 27 de diciembre de 2012 entre la Generalitat de Catalunya y ATLL Concesionaria sigue vigente. Argumenta que actualmente "no existe ningún acto judicial ni administrativo que lo invalide o suspenda sus efectos", por lo que el impago de la deuda constituye una actuación irregular y contraria a derecho.
Apunta como prueba que ATLL "ha prestado y sigue prestando el servicio de abastecimiento de agua con total normalidad" y que, por tanto, el Grupo Agbar continúa recibiendo de ATLL el agua que precisa para el suministro de su ámbito, agua que el grupo Agbar se encarga de facturar a sus abonados, añade.
Por el contrario, Agbar defiende que una sentencia de octubre del Tribunal Supremo obliga a cumplir el dictamen del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) que dejaba sin efecto la oferta liderada por Acciona, que se adjudicó la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
Por ello, el 31 de octubre remitió un burofax a ATLL Concesionaria rechazando su derecho a cobrar las facturas y abrió una cuenta corriente notarial bajo el nombre 'consignación transitoria de compra de agua' en la que desde entonces abona lo que debería pagar a ATLL.
Fuentes de Agbar han explicado a Europa Press que seguirán ingresando el dinero en esta cuenta --donde están los 10 millones que exigen ATLL y el Govern-- hasta que se aplique la resolución del OARCC.
Fuentes de ATLL han señalado a Europa Press que la existencia de esta cuenta notarial "no para el procedimiento" de exigir la deuda, y que al existir un requerimiento del Govern, las empresas participadas por Agbar pueden pagar directamente a la Generalitat.
Fuentes de ATLL señalan a iAgua que el plazo para realizar el pago concluye el 20 de diciembre. En caso contrario la la administración embaragará la cuenta e impondrá la consiguiente sanción.
