La Audiencia Provincial confirmó hace unos meses la condena por el vertido de amoniaco de Froxá al río Besaya, que causó la muerte de 40.000 peces en julio de 2008. La sentencia ya se ha ejecutado, dado que los condenados -dos técnicos de Johnson Controls España y dicha empresa como responsable subsidiaria- han hecho efectivo el pago de las indemnizaciones, por un importe de más de 276.000 euros (265.000 al Gobierno de Cantabria y 11.000 a la Confederación Hidrográfica del Norte).
Además, los dos técnicos de Johnson, que fueron condenados por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander a cuatro meses de cárcel y multas de 1.200 y 1.500 euros, respectivamente, como autores de un delito contra el medio ambiente por imprudencia grave, han solicitado conmutar la pena de cárcel por una multa y también la han pagado ya, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Los técnicos condenados alegaron que no se puso en grave peligro el sostenimiento de los sistemas naturales y que no existió imprudencia grave
Tras el juicio, celebrado en mayo de 2013, los técnicos condenados y Johnson recurrieron la sentencia de primera instancia, alegando entre otros motivos, que fue un hecho aislado, que afectó a una zona muy limitada del río (algo más de dos kilómetros), durante un periodo de tiempo corto (tres horas y media), que no incidió en la salud de las personas, que se hizo en un río contaminado, y que la calidad de las aguas se recuperó de forma inmediata.
En definitiva, que no se puso en grave peligro el sostenimiento de los sistemas naturales y que no existió imprudencia grave. Tanto el Ministerio Fiscal como el Gobierno de Cantabria y Ecologistas en Acción, solicitaron la confirmación de la sentencia, que la Audiencia elevó a firme a finales del pasado mes de junio tras desestimar todas las alegaciones de los recurrentes.
Grave daño al hábitat natural
La sentencia de la Audiencia, recogida por Europa Press, señala que las concentraciones de amoniaco y de nitrógeno como consecuencia del vertido superaron en cuatro y cinco veces, respectivamente, los límites establecidos reglamentariamente, por lo que se deben calificar como vertidos generadores de un peligro grave.
Para la Audiencia, "resulta evidente que un vertido en el que se produce la muerte de casi 40.000 peces supone una mortandad importante y causa una grave alteración de los sistemas vivos del lugar, puesto que no consta que sobreviviese ningún animal de los que se encontraban en el tramo del río afectado por el vertido mientras este se produjo alterando de manera muy relevante el desarrollo ecológico de la zona afectada".
Por otro lado, señala que la no comprobación por parte de los acusados del lugar al que se estaba vertiendo al amoniaco, pese a ser evidente que se estaba filtrando por las rejillas, impone su consideración como "gravemente imprudente", puesto que se estaba tratando con amoniaco, elemento cuya inhalación tiene gran peligrosidad para las especies animales, y los recurrentes "omitieron cualquier actuación para cerciorarse de que se estaba eliminando de forma no peligrosa".
Añade que su intención de evitar un "mal mayor", la afectación de personas, no les exime de responsabilidad "cuando lo cierto es que han incurrido en una conducta negligente que ha causado un grave daño al hábitat natural", "más aún cuando se viene a reconocer que ese día se modificó la forma habitual de eliminación del amoniaco".
La sentencia agrega que el hecho de que el Besaya sea un río más o menos contaminado "no es trascendente en el caso", y que fuese posible la repoblación "tampoco afecta a la realidad del daño producido". Por todo ello, la Audiencia concluye que la pena impuesta "no es desproporcionada vista la gravedad de la actuación y el grado de negligencia".
Juicio
En el juicio, los operarios de Johnson Controls reconocieron que cambiaron el procedimiento habitual para purgar el amoniaco del sistema de refrigeración de la empresa Froxá, sita en Santiago de Cartes, y dejaron que el depósito de agua amoniacada se desbordase.
Según consta en la sentencia de primera instancia, los daños del vertido en la fauna íctica se han valorado en 240.540 euros, las tareas de recogida de peces muertos 9.898 euros, y las tareas de restauración 14.679 euros anuales durante tres anualidades, lo que suma un total de 265.117 euros, el importe de la indemnización al Gobierno. Los daños a la calidad de las aguas, competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, se han cifrado en 11.250 euros.
En la sentencia se señala que la elevada mortandad de peces, cuyo peso total superaba la tonelada, se debió a la conjunción de dos factores, por un lado el vertido, y por otro, el elevado PH y la alta temperatura del cauce, lo que provocó una reacción química que potenció la toxicidad del amoniaco y su efecto nocivo para los peces.
La jueza consideró que los hechos "rebasan ampliamente el ámbito de la mera infracción administrativa, por la gravedad y la entidad de los daños causados". Y que los dos operarios de Johnson Controls "incumplieron las prevenciones que exige su protocolo y las más elementales y básicas normas de cuidado", pese a "sus conocimientos técnicos y su amplia experiencia laboral", lo que constituye una "imprudencia grave por su entidad e intensidad".
