El secretario provincial del Partido Andalucista en Sevilla, Manuel Visglerio, ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "que el gobierno andaluz se persone de inmediato en la causa que investiga el uso de los fondos europeos destinados a la modernización del sistema de regadío de un sector del Bajo Guadalquivir, gestionado por la comunidad de regantes 'Marismas del Guadalquivir'.
En este proyecto que se estaba ejecutando con fondos FEDER, se han detectado según Visglerio, "una serie de irregularidades por parte de los actuales rectores de los regantes, ya que las anteriores directivas abonaron con cargo a estos fondos cantidades muy por encima de la obra realmente ejecutada".
Al detectar esta situación, los actuales regantes contrataron una auditoría para aclarar la situación contable del proyecto, que acabó arrojando un desfase de casi 20 millones de euros entre la obra abonada y lo realmente ejecutado, que dicha auditora cifra en menos de 29 millones de euros. A esto cabe sumar que la propia Junta de Andalucía, a través de su inspector permanente en el proyecto, autorizó los pagos de cantidades superiores a lo realmente ejecutado.
Todo esto acabó siendo puesto en conocimiento de la Justicia por parte de los actuales regantes. El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla investiga esta situación, y las indagaciones apuntan a varias personas como posibles responsables, tanto de la Junta como de la anterior directiva de los regantes.
Esto supone, para Visglerio, "motivo más que suficiente para que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto, ya que tanto la presidenta de la Junta, como su socio de gobierno, Diego Valderas, tienen conocimiento por parte de los regantes de las graves irregularidades detectadas".
Por esto, Visglerio conmina a los responsables del bipartito andaluz a que se personen en la causa, "ya que estamos hablando de dinero público que, presuntamente habría sido utilizado de forma torticera, dejando además incompleto un importante proyecto para nuestra provincia".
Señala también el secretario provincial del PA en Sevilla que "es inadmisible que el gobierno andaluz reclame a los regantes el reintegro de más de 30 millones de euros, lo que condenaría a más de 800 familias a la ruina, destruyendo más de 3.500 empleos directos e indirectos en Sevilla". Sobre este asunto ya se ha pronunciado la Diputación de Sevilla, que a propuesta del PA, aprobó de forma unánime una moción en la que se le insta a la Junta a desistir en el apremio hasta que judicialmente se determinen las responsabilidades".
