Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, a través de su concejal, José Antonio Sotomayor, ha recordado a la empresa municipal de Aguas de Murcia (EMUASA) que el Pleno del Ayuntamiento rechazó de manera unánime, a propuesta de UPyD, una subida de las tarifas del agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) debido al uso de agua desalinizada.
Así, Sotomayor ha afirmado que el Consejo de Administración no puede decidir un incremento, "sea este mucho o poco", dado que todos los partidos políticos con representación en el Consistorio manifestaron su oposición a cualquier tipo de subida en el recibo del agua.
Actualmente, la gestión del agua en el municipio de Murcia corresponde desde 1989 a una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Murcia en un 51 por ciento y Aquagest Región de Murcia, de la multinacional Grupo Agbar, en un 49 por ciento, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
Dado que "la postura municipal, representada por un 51 por ciento en ese Consejo de Administración ya se ha pronunciado", para el edil "no cabe valorar un incremento del recibo del agua a los vecinos de Murcia".
Sotomayor afirma que "ya pagamos el agua más cara de España" con 2,31 euros por metro cúbico, superando así a Barcelona (2,15 euros por metro cúbico) o Baleares (2,10 euros por metro cúbico), "por lo que es insostenible aplicar otra subida".
El concejal de la formación magenta explica que la situación de muchas familias murcianas es "crítica", con una tasa de paro en la Región que alcanza más del 26% de la población. Asimismo, Murcia dispone del porcentaje más alto de España (19,8%) de hogares que declaran tener retrasos en pagos relacionados con el hogar en 2013, duplicando la media nacional, y además posee la Renta Mínima de Inserción (RMI) más baja del Estado con 300 euros.
UPyD Murcia insiste en que "no se puede obligar al Ayuntamiento de Murcia a que impute en su tarifa el coste de la inversión en desalinizadoras", sino que el gasto de construcción de las mismas lo debe asumir los Presupuestos Generales del Estado (PGE), porque se trata de una infraestructura "como una red viaria o ferroviaria".
