La limpieza del Guadalquivir a su paso por Córdoba "se ha contratado como emergencia para adjudicarse a dedo"

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  • El Guadalquivir a su paso por Córdoba (Wikipedia/CC).
    El Guadalquivir a su paso por Córdoba (Wikipedia/CC).
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El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha afirmado este viernes que la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa "se ha contratado como emergencia para adjudicarse a dedo", es decir, ha sido una "contratación irregular".

Hurtado ha llegado a esta conclusión tras la respuesta dada por el Gobierno de la Nación a sus preguntas sobre este asunto, opinando el diputado socialista en un comunicado que "ha habido irregularidades, puesto que no se ha contratado por un procedimiento ordinario, ni tan siquiera mediante un procedimiento de urgencia, sino que se ha tratado como 'emergencia', un régimen excepcional que no corresponde en la limpieza del río a su paso por Córdoba".

A este respecto, Hurtado ha recordado que "el artículo 113 del Real Decreto-Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, permite la tramitación de emergencia, que solo se utilizará cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

Según la respuesta del Gobierno, "estas obras fueron declaradas como obras de emergencia por la Presidencia de la Confederación el 4 de septiembre de 2013" y "con fecha 11 de septiembre de 2013 la Dirección General del Agua autorizó la colaboración de la empresa Viguecons Estévez, S.L. para la actuación: 'Tramo desde la sección aguas arriba del islote hasta el cruce del río con la autovía', por un millón de euros, sin convocar un concurso público, por ser considerados trabajos de emergencia".

El Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, según ha señalado Hurtado, "justifica esta contratación de las obras de emergencia para la adecuación y recuperación del cauce, y no de restauración, como consecuencia del extraordinario año hidrológico 2012-2013, en el que las precipitaciones fueron excepcionales, muy superiores a la media y concentradas en la parte alta de la cuenca, por lo que se produjeron avenidas e inundaciones de la llanura de inundación del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba y aguas arriba de la misma, dando lugar a arrastres de lodo y vegetación, los cuales se depositaron en el entorno de la ciudad, tanto en las márgenes del cauce como en las pilas de los distintos puentes que hay sobre el río".

Dado que, tras los episodios de inundaciones, hubo que desembalsar agua para mantener los resguardos de seguridad en las presas, situación a la que habría que sumar las escorrentías naturales producidas por la fuerte saturación del terreno, el caudal del río se mantuvo durante todo el año muy elevado, solapándose esta situación con la campaña de riegos, que obligaba a seguir desembalsando y manteniendo al caudal del río en un valor compatible para atender las demandas. Según el Gobierno, esta situación provocó que el Ayuntamiento de Córdoba no pudiese hacer su labor de limpieza y conservación, a causa de la compleja situación hidrológica que presentaba el río.

El Gobierno también ha respondido "sobre el precio tan elevado, en comparación con las tarifas de la empresa pública Tragsa, y justifica que no se podría comparar el precio de la actuación con las tarifas de Tragsa porque parte de los trabajos se centraban en la reparación del puente de El Arenal, lo que supone una alta especialización técnica y las tarifas oficiales de Tragsa no recogen dichos precios".

A juicio de Hurtado, todas éstas justificaciones son "incomprensibles y forzadas" y ha avisado que continuará "indagando y preguntando al Gobierno sobre la contratación de la limpieza del Guadalquivir a su paso por Córdoba, porque es evidentemente una contratación irregular, que elude las exigencias normativas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", aunque el Gobierno en su respuesta haya concluido que, "en cuanto a las irregularidades en la adjudicación o en la ejecución, no se ha detectado ninguna".

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