Javier Domínguez Lino (1968), exconcejal del PP de Poio (Pontevedra) que optó a la Alcaldía de esta localidad en 2003, 2007 y 2011, ha sido elegido este miércoles como nuevo presidente de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) en un consejo de administración de la compañía, participada mayoritariamente por la Xunta de Galicia.
De ello han informado a Europa Press fuentes de Sogama, de modo que Javier Domínguez Lino sustituye en el puesto a Luis Lamas, que presentó su dimisión el pasado 21 de enero tras conocerse que el Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal) adjudicó su asesoría al bufete del que él mismo es socio.
Javier Domínguez Lino, está licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidade de Vigo -especialidad de Empresa Financiera- y posee un máster en gestión del Patrimonio por la Escuela de Negocios Caixanova. Actualmente, era el gerente de la empresa de la empresa pública Xestur Pontevedra desde 2009.
Ha desempeñado trabajados relacionados con la banca durante buena parte de su vida laboral, llegando a ser director de una sucursal. Entre 2003 y 2011 fue portavoz del Partido Popular en Poio -en 2005 fue elegido presidente de los populares de Poio, cargo en el que estuvo hasta 2014-. Actualmente, pertenece al comité ejecutivo y a la junta directiva del PP provincial de Pontevedra.
De tal forma, Javier Domínguez Lino se pondrá al frente de Sogama, empresa de gestión de residuos que en los últimos meses ha estado envuelta en la polémica por el rechazo de alcaldes socialistas y nacionalistas a la subida en 2014, del 34%, aplicada por la sociedad sobre el canon que cobra a los municipios por la recogida y tratamiento de la basura. En 2015, Sogama aprobó una bajada del 10% sobre esa subida inicial del 34%.
Dimisión de Luis Lamas
El lucense Luis Lamas, abogado de profesión, fue nombrado el 18 de mayo de 2009 presidente de la Sogama, puesto en el que estuvo al frente hasta el pasado enero.
"Ha sido un error y en política los errores hay que asumirlos", afirmaba Luis Lamas el pasado 21 de enero en un comunicado en el que informaba de su dimisión después de conocerse la contratación por parte de la Fundación Agroalimentaria CETAL de las labores de asesoría jurídica al despacho de abogados Lucus Lex, del que él es socio desde su creación, en el año 2006.
En su momento señaló que el importe total del contrato entre Cetal y el despacho de abogados para dos años era de 7.450 euros anuales "lo que se traduciría en un ingreso mensual para la empresa de alrededor de 400 euros".
