El Gobierno de La Rioja ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Decreto 171/2014, de aprobación del Plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña y contra el Acuerdo del Gobierno catalán de 23 de diciembre de 2014 por el que se aprueba el Programa de medidas del Plan de Gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña por entender que es contrario a los derechos e intereses legítimos de los riojanos.
Con este recurso, ha explicado el portavoz del Ejecutivo riojano, el Gobierno de La Rioja defenderá que la gestión del agua "no puede obedecer a razones políticas ni a aspiraciones unilaterales de una Comunidad Autónoma sino que debe estar presidido por criterios técnicos de gestión con una visión global, integradora y solidaria de todos los territorios".
En este sentido, cabe recordar que en el año 2009, el Gobierno riojano recurrió el Decreto 31/2009, de 24 febrero, por el que se delimitó el ámbito territorial del Distrito de Cuenca Hidrográfica o Fluvial de Cataluña y modificó el Reglamento de la planificación hidrológica aprobado en el año 2006, al entender que afectaba directamente a las competencias e intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la calidad ambiental de nuestro entorno fluvial y los derechos de los usuarios riojanos del agua (ciudadanos, regantes, etc).
Por ello, en el recurso presentado en 2009 el Gobierno de La Rioja defendió que dicho Decreto "era, al menos parcialmente, inconstitucional, porque es el Estado y la Confederación Hidrográfica, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el que debe establecer los criterios de uso y regulación de un recurso vital como es el agua".
En respuesta a este recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 6 de junio de 2014, acogió las tesis del Ejecutivo riojano y anuló las regulaciones del Decreto catalán que afectaban a las masas subterráneas de determinadas cuencas.
Con la aprobación de este nuevo Decreto, publicado el 24 de diciembre pasado, el Gobierno catalán desoye por completo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y reitera una "regulación que tiene prohibida". Asimismo, incurre en una 2clara falta de transparencia, ya que no ha publicado el contenido íntegro de su plan hidrológico, lo que impide que la Comunidad Autónoma de La Rioja conozca bien esta regulación, y pueda defender sus derechos e intereses legítimos".
