Las asambleas antifracking de Cantabria, Burgos y País Vasco presentan alegaciones contra el permiso Angosto

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Las asambleas contra la fractura hidráulica de Cantabria, Burgos y País Vasco presentarán este jueves, 19 de febrero, las alegaciones individuales que han recogido de manera conjunta y coordinada contra el permiso de investigación Angosto-1 de SHESA. Alegaciones que se sumarán a las anteriormente presentadas por los ayuntamientos, pedanías y asociaciones directamente afectadas.

Estas alegaciones son en respuesta a la consulta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de evaluación de impacto ambiental del sondeo Angosto-A de perforación y estimulación por fractura hidráulica, situado en Loma de Montija, a unos tres kilómetros de Espinosa de los Monteros.

La entrega de las alegaciones tendrá lugar simultáneamente a las 12 del mediodía en las delegaciones del Gobierno de Santander, Bilbao y Burgos. En aplicación del "principio de prevención", las asambleas solicitan que se anule el proyecto de perforaciones exploratorias en las áreas de interés 'Angosto' debido a las consecuencias perjudiciales que podría tener su ejecución en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Estas alegaciones son en respuesta a la consulta realizada por el MAGRAMA en el proceso de evaluación de impacto ambiental del sondeo Angosto-A

El objetivo de la entrega conjunta de alegaciones, más allá de la cantidad de firmas recogidas, es "continuar aumentando los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre los distintos territorios afectados, y dejar claro que esto nos afecta a todos. No queremos fracking, ni aquí ni en ningún sitio", explican las asambleas de Cantabria, Burgos y País Vasco en un comunicado conjunto.

"Caótica" tramitación administrativa

El sondeo Angosto-A se encuentra dentro del permiso de investigación Angosto-1, operado por la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA) empresa gestionada por el Gobierno vasco, que promueve varios proyectos de fracking en un territorio muy extenso.

Se trata de un permiso de investigación que afecta a las Comunidades de Castilla y León, Cantabria y País Vasco. Las asambleas destacan que las afecciones ambientales, económicas y sociales, no se limitan únicamente al sondeo en Montija, y alertan del "efecto acumulativo" del elevado número de permisos de exploración, investigación y explotación que se están otorgando en estas comunidades.

El permiso Angosto-1 fue otorgado por seis años en 2006 por el Gobierno del PSOE, y prorrogado en 2012 por el Gobierno del PP, que recientemente ha autorizado la concentración de los trabajos e inversiones de los permisos de investigación Enara, Usoa, Mirua, Usapal y Angosto-1, "extendiéndose la afección acumulativa de estos proyectos hasta la Comunidad Autónoma de Navarra".

Las asambleas advierten que la Cuenca Vasco-Cantábrica es un entorno en el que confluyen unidades hídricas muy importantes, y que es además cabecera de cuencas hidrográficas que dan de beber a grandes núcleos de población, por lo que denuncian que "promocionar de esta manera el fracking, públicamente y contra el interés general, es un atentado contra el sentido común y la salud de las personas".

El uso de la fractura hidráulica supone asumir riesgos importantes para las personas y el medio ambiente

En el escrito de alegaciones, manifiestan la "caótica tramitación" administrativa que se lleva a cabo no solo en este permiso, en el que a su entender "se evidencia un proceder inaceptable" por parte de la Administración competente en materia ambiental, sino el "déficit democrático y la opacidad" que está siguiendo el impulso del fracking desde la Administración central, mediante "apresuradas modificaciones de ley y recursos de inconstitucionalidad a las numerosas prohibiciones autonómicas, desoyendo la fuerte oposición popular y la multitud de informes y estudios internacionales que alertan de sus efectos nocivos".

Movilización popular

Desde los colectivos antifracking animan a la población "a no bajar la guardia, a participar en las asambleas y a secundar masivamente las movilizaciones que se llevarán a cabo en caso de que empresas y gobiernos continúen con sus planes de poner en marcha proyectos con técnicas no convencionales como el fracking".

En esta línea, reiteran que el uso de la fractura hidráulica supone asumir riesgos importantes para las personas y el medio ambiente, tales como sobre-explotación de recursos, contaminación de aguas subterráneas y superficiales, emisiones a la atmósfera, riesgos para la biodiversidad, impactos acústicos o tráfico elevado.

Además, subrayan que las moratorias y prohibiciones que se suceden "a lo largo y ancho de todo el planeta", como la reciente prohibición del fracking en el Estado de Nueva York, han sido "fruto de la presión popular, de la implicación y la acción directa de la gente".

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