La iniciativa presentada por el PSOE para constituir una comisión especial de investigación sobre la construcción y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora de Escombreras no ha salido adelante, pese a la insistencia de la oposición en este sentido. El PP ha rechazado esta petición en la Asamblea alegando que "se les ha dado toda la información que han pedido".
La moción de los socialistas pedía la constitución de una Comisión Especial para que investigue y analice todas las operaciones que desde la Comunidad Autónoma se han realizado con relación a la Planta Desaladora de Escombreras, desde su inicio en 2006-2007 hasta la fecha.
Según el diputado del PSOE, Manuel Soler, "es necesario conocer los motivos por los que la planta está infrautilizada desde su puesta en marcha en el año 2009" y ha recordado que en algunos ejercicios el coste del metro cúbico de agua desalada ha tenido un coste superior a los 10 euros.
Soler considera que hay que informar a los murcianos del gran enredo que existe en torno a esta industria, que fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% del empresario Florentino Pérez, a petición de Valcárcel y Cerdá; ambos firmaron un contrato para pagar en un plazo de 25 años alrededor de 445 millones de euros, a pesar de que el coste real de la industria y la red de tuberías fue de unos 140 millones de euros".
Además, han creen que la Comunidad está "incumpliendo" el acuerdo al que llegó con la empresa concesionaria de la isntalación para pagar los atrasos. "Nos llegan informaciones de que la empresa está pensando en presentar ya una nueva demanda judicial por los reiterados incumplimientos de pago por parte de la Comunidad Autónoma", ha asegurado.
Durante el debate parlamentario, los socialistas han criticado la gestión del PP en materia de agua "por no poner ninguna solución al problema" y han insistido en que "son los murcianos los que con nuestros impuestos tenemos que pagar 20 millones de euros anuales para el pago de esta planta, que no se está utilizando a pleno rendimiento".
Por su parte, el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha asegurado que esta infraestructura, "se hizo para la especulación urbanística y está asociada a la corrupción", ya que "era una garantía de suministro de agua para Novo Carthago".
El parlamentario ha recordado que su formación ha presentado varias iniciativas y solicitudes de información, así como una investigación sobre la desaladora, por la que "hay que abonar casi 700 millones de euros", lo que, a su juicio, "es una auténtica barbaridad".
Por contra, los populares han rechazado la petición del PSOE porque consideran que "se les ha dado toda la información que han pedido" y han incidido en que el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, "ha comparecido en varias ocasiones en esta Cámara para hablar del mismo tema. No sé qué pretenden".
