El PSCL denuncia irregularidades en la financiación de proyectos de depuración en Castilla y León

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  • Pone como ejemplo el caso de Simancas, cuyo proyecto es el único de la provincia que aún no ha sido licitado

La portavoz del PSCL en las Cortes, Ana Redondo, ha acusado a la Junta de poner en peligro las subvenciones procedentes de Europa para la depuración y tratamiento de las aguas residuales en los municipios de Castilla y León, ya que, tal y como ha denunciado, en unos casos ha implementado a medias con fondos propios los proyectos y en otros no sólo ha aportado un euro sino que ni siquiera ha licitado aún las obras, como sería el caso de Simancas (Valladolid).

Redondo toma como referencia el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013 que implica que a finales de 2015 todos los municipios de más de 20.000 habitantes tienen que tener ya depuradas sus aguas y en marcha las infraestructuras necesarias, que serán costeadas al 70 y 30 por ciento entre la UE y la Junta de Castilla y León.

Sin embargo, la portavoz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado públicamente que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha "inhibido" en esa cofinanciación de una forma "discrecional que raya con la arbitrariedad", en referencia a que, según sostiene, en unos proyectos la Junta ha implementado ese 30 por ciento en su totalidad, en algunos de forma mínima y en otros, como sería el caso de Simancas, no ha aportado ni un euro pero, además, ni siquiera ha sacado las obras a licitación.

Pero la socialista añade que lo más grave de todo es que la Junta "está engañando" a los municipios al obligarles a aportar ese 30 por ciento de financiación que debería de correr por cuenta exclusiva de la Administración autonómica y que las entidades locales están implementando con recursos recibidos de las diputaciones a través de los planes provinciales.

Anticipo del 7,5%

"Es un caso grave de mala gestión y de discrecionalidad rayana con la arbitrariedad", ha recriminado Redondo, que ha puesto como ejemplo más "sangrante" el de Simancas, cuyo proyecto de conexión a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valladolid, con un coste global de 3,7 millones, aún no ha sido licitado ni ha sido implementado por la Junta pese a que para el mismo ya se ha recibido un anticipo del 7,5% procedente de la UE.

Al respecto, la portavoz socialista en Simancas, Helena Sanz, ha recordado que su formación viene denunciado desde hace dos años que el proyecto "duerme el sueño de los justos" por parte de la Junta, a pesar de que se trata de un compromiso de 2005, y ha acusado al departamento de Silván de tratar de "engañar y liar" al Ayuntamiento, contando con la "sumisión del PP" en dicha institución, para que sea el propio municipio el que aporte ese 30% de cofinanciación adicional.

Así, los simanquinos se verían obligados a desembolsar un total de 560.000 euros para pagar dicha infraestructura, a lo que se suman los 6.000 euros anuales de sanción que el Ayuntamiento abona a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por no tener depuradas sus aguas residuales y el incremento del canon correspondiente por la depuración.

Pero además, Sanz ha recordado que los simanquinos ya pagan los 36.000 euros que costó la infraestructura realizada en 2002 con dinero de la Diputación para depurar las aguas residuales del caso urbano y que "se llevó la primera crecida del río debido a que el proyecto se ejecutó en una zona inundable".

Dicho proyecto, ha precisado la edil, es obra precisamente del mismo ingeniero que figura imputado en la causa que se instruye contra el exalcalde de Medina, el popular Crescencio Martín Pascual, por la supuesta adjudicación a dedo de una rotonda en la villa medinense.

Tanto Redondo como Sanz han insistido en que a fecha de 31 de diciembre de 2015 expira el plazo dado por la UE para que los municipios tengan sus aguas depuradas y, por ello, muestran su preocupación ante el hecho de que el proyecto de Simancas es el único de la provincia de Valladolid sin ejecutar, de ahí que se hayan dirigido a la Junta para pedir explicaciones y para denunciar que el dinero recibido vía Europa corre el riesgo de perderse.

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