El PP pide disolver Ecociudad para que los zaragozanos no paguen un 25% más por la depuración y el alcantarillado

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El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, ha solicitado que se disuelva la sociedad municipal Ecociudad para que los ciudadanos "no paguen un 25 por ciento más" en el recibo de la depuración del agua al no haber restado la amortización de la depuradora de La Cartuja.

"Lo más grave es que se ha amortizado la depuradora, pero el recibo no ha bajado entre un 20 y un 25 por ciento que era obligatorio porque al ser una tasa no se puede cobrar por encima del servicio, pero al traspasar este servicio a Ecociudad se ha convertido en tarifa", de modo que el Gobierno socialista "presta el mismo servicio con un coste más caro y conlleva que los ciudadanos paguen hasta un 25 por ciento más por lo mismo".

En rueda de prensa tras la reunión del consejo de administración de Ecociudad, Suárez ha arremetido contra el aumento de personal de esta sociedad municipal "y en lugar de producir ahorro se ha generado más gasto" al apuntar que de los 439.000 euros destinado a gastos de personal en 2013 se ha llegado a los 636.000 euros este ejercicio".

A su parecer, este aumento del gasto obedece a la "postura electoralista" del candidato del PSOE a la Alcaldía, Carlos Pérez Anadón, para agregar que "el tiempo nos ha dado la razón y la deuda se ha disparado hasta los 20 millones de euros" y ha aseverado que el "Ayuntamiento se endeuda e forma ilegal".

Tras esta exposición, Suárez ha incidido en disolver Ecociudad porque "se creó para escapar de la imposición del Ministerio de Hacienda que no permitía endeudarse a los ayuntamientos y el Gobierno socialista de la ciudad lo ha utilizado como subterfugio jurídico" para exigir que "se devuelva la gestión al Ayuntamiento".

Suárez ha detallado que el consejo de administración de Ecociudad ha aprobado en total 876.285 euros de los que 77.193 euros son para nuevos puestos de trabajo; 312.301 euros para el contrato de la gestión de recibos; 356.950 euros para el contrato de la plataforma de información (PISA); 81.796 euros para el estudio de la depuradora de La Cartuja; 14.250 euros para el contrato de los servicios jurídicos.

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