GOB considera "nulo" el proceso de información pública de la revisión del Plan Hidrológico de Baleares

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EL GOB ha anunciado que considera "nulo" el proceso de información pública de la revisión del Plan Hidrológico de Baleares, por lo que ha presentado alegaciones a la revisión del Plan que en 2013 denunció ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua.

La entidad ha recordado que el plan hidrológico aprobado en 2013 ya fue denunciado por otras nueve entidades más por esta misma razón.

Las alegaciones incluyen también dos aspectos formales que, según han explicado, anulan esta exposición pública y revisión del Plan Hidrológico: un proceso de información pública nulo y "fraude de ley".

El GOB ha subrayado que la información sometida a consulta pública no incluye toda la información relevante obligatoria, como análisis actualizados de los costes de los servicios del agua y recuperación de los mismos y análisis actualizados de presiones y resultados de los monitorización en las masas de agua superficiales que permitan valorar el estado de las mismas.

Fraude de ley

Asimismo, desde el GOB han apuntado a un "fraude de ley" ya que el artículo 40 de la normativa, sobre recursos subterráneos, es "un claro fraude de ley que sólo persigue burlar la aplicación de la Disposición adicional decimoquinta del Texto refundido de la Ley de Aguas, que equipara las masas de agua en riesgo y por lo tanto, las prorrogables y excepcionables, con los acuíferos sobreexplotados".

De este modo, "impide el otorgamiento de concesiones y hace obligatoria la necesidad de autorización para extracciones de volúmenes inferiores a 7.000 m3/año".

El GOB ha reclamado eliminar la "clasificación eufemística" que figura en el artículo y retomar "la nomenclatura de la Ley de Aguas y de la Directiva Marco del Agua: masas de agua en buen estado, en riesgo, prorrogables y excepcionables".

Otros aspectos alegados

En este mismo sentido, han presentado alegaciones a su revisión relativas a la obligación de la actuación en cauces, actuaciones blandas o de ingeniería ambiental, potenciando la conectividad biológica y la recuperación del espacio fluvial, como medida de lucha contra las inundaciones y la necesidad de prohibir nuevas concesiones en todas las masas de agua en mal estado cuantitativo y que las extracciones de menos de 7.000 m3/año requieran autorización administrativa y tengan que justificar los caudales solicitados.

También han reivindicado la necesidad de recuperar la cartografía de las zonas húmedas de la Normativa aprobada inicialmente en 2011 recuperando la figura de "humedal potencial" o "zona húmeda recuperable", y la necesidad de que el Anexo de Normas Técnicas para la ejecución de captaciones tenga carácter normativo de obligado cumplimiento.

Asimismo, han reclamado que se tengan que adoptar todas las medidas necesarias para proteger las áreas de captación, cumpliendo el artículo 7.3 de la Directiva Marco del Agua; así como recuperar el contenido de los artículos 109 a 113 de la Normativa aprobada inicialmente en 2011 y el Anexo 8 de la citada Normativa "Criterios de control y protocolo de actuación de descontaminación de las aguas subterráneas producida por fugas en depósitos y conducciones enterradas" y la obligación de tener piezómetros de control para depósitos enterrados y polígonos industriales.

"Con esto se consigue que el que contamina, descontamine y pague, en lugar de que sea la administración, es decir todos los ciudadanos, quienes tengan que asumir todo el coste de la descontaminación", ha concluido.

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