Pedro Arrojo: "PP y PAR quieren dejar amarrado el modelo especulativo del agua en Aragón"

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La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha advertido de que el Gobierno autonómico pretende dejar "bien amarrado el negocio especulativo del agua" y ha exigido la inmediata suspensión del proceso de licitación que conllevará la privatización del cobro del Impuesto sobre Contaminación de las Aguas (ICA).

El presidente de la RAPA, Pedro Arrojo -en representación de la Fundación Nueva Cultura del Agua- y los representantes de CC.OO. y la Unión de Consumidores de Aragón en la red, Enrique Gracia y José Ángel Oliván, respectivamente, han explicado en rueda de prensa que si el Ejecutivo aragonés no retira esta medida "privatizadora", adoptada en periodo electoral, emprenderán movilizaciones sociales y estudiarán iniciar acciones legales contra esta decisión, con el objetivo de garantizar que se avanza hacia una gestión pública, eficiente y participativa del agua.

Hace un año y medio se firmó en Zaragoza un compromiso por la gestión pública del agua

Enrique Gracia ha recordado que la RAPA lleva años cuestionando el Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Aragón (PSDA), que considera "irracional, costoso e ineficiente" y que está "mal concebido" desde su origen, ya que "no busca otra cosa que convertir, al precio que sea, un servicio básico a la ciudadanía en un suculento negocio privado".

El plan se ha apoyado en dos pilares "el secuestro de la competencia en materia de agua a los ayuntamientos" por parte del Instituto Aragonés del Agua (IAA), gestionado por el PAR, para "privatizar la construcción y gestión de las depuradoras; y, también, en el establecimiento de un impuesto "abusivo e injusto", el ICA, cuya gestión tributaria se pretende privatizar ahora.

Este impuesto "no ha parado de crecer desde que se estableció" y no pone límites a la presión fiscal a ejercer sobre la ciudadanía, ha afirmado Gracia, para apuntar que se ha favorecido que se sobredimensionaran las depuradoras a construir, usando tecnologías "más costosas de las necesarias" que han disparado los costes de gestión y mantenimiento de las infraestructuras.

Como ejemplo, ha mencionado la localidad de Zuera, donde se utiliza un 10 por ciento de la capacidad de la depuradora que atiende a una población de 10.000 personas como si residieran en el municipio "80.000 ó 90.000 vecinos". Además, en los últimos cinco años este impuesto ha aumentado un 28 por ciento y este año los aragoneses deberán pagar más de 43,6 millones por el ICA.

Ahora, el Instituto Aragonés del Agua quiere privatizar la gestión de este impuesto y "hace unos días salieron los pliegos para la contratación", la presentación de ofertas finaliza el 20 de mayo y se analizarán en junio y julio, con el Gobierno "ya en funciones" y tomando decisiones sobre este impuesto para los años 2016 a 2019.

Enrique Gracia ha indicado que esta medida supondrá un encarecimiento del PSDA y del ICA, dado que la primera licitación, para el periodo 2016-2019, supone un sobrecoste de más de 6,5 millones, un 3,44 por ciento más al año de los ingresos previstos, ha detallado.

Modelo injusto

Esta medida, además, "consolida el actual modelo tarifario, ineficiente e injusto", que no tiene en cuenta el consumo por hogar, el número de miembros o los ingresos familiares, sino que establece una tarifa lineal y priva a los ayuntamientos de la posibilidad de establecer tarifas sociales bonificadas.

Pedro Arrojo ha observado que los aragoneses "han luchado contra el trasvase y ahora resulta que se privatiza el agua, debería ser motivo de escándalo", ha remarcado. En este sentido, ha señalado que en Aragón "nos sale diez veces más caro el saneamiento privado del agua, que en La Rioja o Navarra el saneamiento público".

Por otra parte, "nos preocupa que se pongan en manos privadas datos sensibles de los contribuyentes, pasando a ejercer las empresas potestades públicas que deben estar reservadas a funcionarios", ha continuado Enrique Gracia, para alertar de las "inmensas dificultades" de gestión de datos que conlleva este modelo y que generará "continuos problemas e indefensión a los contribuyentes" que deseen solucionar un error en la toma de lectura o actualizar sus datos.

"Bastante anómalo"

De esta forma, la RAPA ha criticado que el Ejecutivo aragonés, en periodo pre-electoral y cuando esté en funciones, adopta una medida "privatizadora", que cuestionan la mayoría de los partidos políticos y organizaciones sociales, "de muy dudosa legalidad, que compromete al siguiente gobierno y que tendrá compleja reversibilidad".

Para José Ángel Oliván, "es bastante anómalo" el proceder del Instituto Aragonés del Agua con este impuesto y ha estimado que este organismo "actúa en beneficio de otros". Asimismo, ha apuntado que previsiblemente saldrán a licitación en las próximas semanas nuevas depuradoras, por lo que ha estimado que "alguien tiene prisa por acabar con un trabajo, o un negocio, antes de que se le acabe el tiempo".

Por todo ello, Enrique Gracia ha insistido en exigir la inmediata suspensión del proceso de licitación para el cobro de este impuesto y ha avanzado que estudiará medidas legales y emprenderá movilizaciones sociales, llamando incluso a la insumisión de los ciudadanos en el pago del ICA, si el Instituto Aragonés del Agua no retira este proceso.

Ha recordado que hace un año y medio se firmó en Zaragoza un compromiso por la gestión pública del agua y ha recordado a los partidos que lo suscribieron su compromiso con este modelo público y transparente, para que lo incluyan en sus programas electorales.

"Frente a la voluntad de la ciudadanía, PP y PAR quieren dejar amarrado el modelo especulativo del agua y dejarnos este bonito regalo", ha aseverado, para pedir a todas las organizaciones firmantes que soliciten la derogación de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón.

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