El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha requerido a la Generalitat que aplique en un plazo máximo de tres meses y como "medida cautelar" la resolución de enero de 2013 que excluye a Acciona del concurso para gestionar Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
El tiempo empieza a correr desde la notificación de este auto, que se ha producido este martes y contra el que se puede interponer recurso de reposición, y que pide que antes del vencimiento la Generalitat remita "información suficiente sobre la resolución adoptada y su ejecución".
Agbar, que competía con el consorcio liderado por Acciona por el contrato de la ATLL, solicitó amparo del TSJC para que ordenase a la Generalitat la ejecución de la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (Oarcc) de hace dos años, tal y como pedían diversas sentencias del TSJC y del Tribunal Supremo.
Según Agbar, la resolución final de la Generalitat sobre la ejecución "deberá dictarse en el marco de la necesaria liquidación del contrato anulado y de la también necesaria restitución de las aportaciones de las partes realizadas sobre la base del mismo".
Fuentes de la Generalitat han explicado a Europa Press que se constituyó la Mesa de Contratación --que se va reuniendo periódicamente-- para decidir cómo aplicar la resolución del OARCC, y que este plazo de tres meses fijado por el TSJC como medida cautelar "entra dentro del calendario previsto".
Por su parte, fuentes de Acciona han comentado que este auto del TSJC "ratifica la absoluta vigencia y validez del contrato, ya que reconoce que tiene que haber una sentencia firme sobre la resolución de OARCC para que esta lleve consigo la nulidad del contrato ".
Mientras, el TSJC tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del asunto: la legitimidad de la resolución del Oarcc y la del contrato que la Generalitat adjudicó al consorcio liderado por Acciona en diciembre de 2012 para gestionar ATLL durante 50 años.
