El vicepresidente del Partido Aragonés (PAR), Alfredo Boné, ha considerado "aberrante" que el Gobierno central "avale" el Plan de las Cuencas Internas Catalanas y proponga su visto bueno en el Consejo Nacional del Agua.
Boné ha recordado en una nota de prensa que "hay sentencias firmes del Tribunal Supremo que anularon por la forma y por el fondo el mismo plan que ahora pretenden volver a aprobar, gracias a los recursos que planteamos desde Aragón y La Rioja".
"Las sentencias demostraron que el Plan se extralimita en las competencias de Cataluña y afecta a los intereses de Aragón", ha subrayado el vicepresidente del PAR.
El PAR pidió reiterar ante el Gobierno central la oposición a la nueva propuesta de planificación hidrológica catalana
Ante la nueva aprobación del plan por parte de Cataluña, tras la derogación del primero por sentencia judicial, el PAR impulsó una iniciativa en las Cortes autonómicas para reclamar al Gobierno aragonés que volviera a recurrirlo, como así hizo, porque "afecta a los intereses de Aragón al mantener las extralimitaciones del plan anterior".
En su iniciativa, aprobada en el Parlamento autonómico, el PAR pidió "reiterar ante el Gobierno central la oposición a la nueva propuesta de planificación hidrológica catalana y a cualquier otro documento que rompa el principio de unidad de cuenca" y que esta se haga de forma "concertada entre el Gobierno central y las Comunidades".
En esa misma iniciativa, el PAR solicitó que, en cumplimiento de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, elaborar "los documentos y trámites necesarios para acometer, con la Administración General del Estado, el proceso que permita el ejercicio de mayores competencias por parte de la Comunidad mediante transferencia, encomienda o convenio".
Por último, el PAR reclamó "seguir velando por la ejecución de todas las infraestructuras hidráulicas pendientes en Aragón, en el marco del cumplimiento del Pacto del Agua y de los acuerdos de la Comisión del Agua, aprovechando todas las herramientas de bilateralidad previstas en el Estatuto de Autonomía".
Plan nulo
La Generalitat de Cataluña aprobó en febrero de 2009 un decreto que delimitaba el ámbito territorial de la Cuenca Fluvial de Cataluña. Posteriormente, y derivados de este decreto, Cataluña aprobó el plan de gestión de su cuenca, el programa de Medidas y el informe de sostenibilidad ambiental.
Estos documentos "incurrían en importantes extralimitaciones competenciales ya que abarcaba todo el territorio catalán de la Demarcación del Ebro e, incluso, en el caso de ríos compartidos con Aragón -Noguera Ribagorzana, Segre, Matarraña, Algars- la totalidad de estos ríos, sin tener en cuenta los intereses aragoneses", ha precisado el PAR.
Por eso, las Cortes de Aragón aprobaron una iniciativa, a instancias de este partido, para recurrir este primer plan por parte del Gobierno aragonés, como así se hizo.
Mediante sendas sentencias de 2013 y 2014 a los recursos presentados por Aragón y La Rioja en la anterior legislatura, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró la nulidad tanto del decreto catalán, como del Plan de Gestión, al constatar que Cataluña no es la competente para aprobar el plan, sino el Consejo de Ministros.
Además, en el ámbito territorial "debe limitarse a las Cuencas Internas de Cataluña, incluso en el tema de las aguas subterráneas compartidas", han glosado los aragonesista, para enfatizar que en el recurso de casación, el Tribunal Supremo, en abril de 2014, ratificó la sentencia que anulaba el decreto y el programa de medidas.
El 24 de diciembre de 2014, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publicó un nuevo decreto de aprobación del Plan de gestión, documentos que siguen incluyendo el mismo ámbito territorial que el del decreto anulado por sentencia y los mismos "vicios legales".
Asimismo, recogen actuaciones como la conducción del consorcio de aguas de Tarragona, "obra desproporcionada con el volumen concesional, que solo es explicable en los términos del trasvase del Ebro planteado en 2008 como consecuencia de la sequía". Ahora, ese mismo plan volverá a ser aprobado en Consejo de Ministros, tras el informe del Consejo Nacional del Agua, previsto para este miércoles.