Admitido a trámite el recurso de Ecologistas por el concurso minero de Cabo de Gata

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  • Cabo de Gata (Wikipedia/CC).
    Cabo de Gata (Wikipedia/CC).
  • La CE recepciona la queja interpuesta por este colectivo y anuncia que la someterá a estudio

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite la acción presentada por el colectivo 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar', federado en la asociación Ecologistas en Acción, por el rechazo de la Junta a estimar el recurso de alzada de la asociación contra la resolución para sacar a concurso sondeos mineros en terrenos enclavados en este espacio de la provincia de Almería.

El presidente de la agrupación, Enrique Ruiz, ha precisado a Europa Press que, asimismo, también han recibido respuesta de la Comisión Europea (CE) -a la que remitieron una queja por este asunto-, indicando la recepción del tema y su sometimiento a estudio.

Con ambas acciones se pretende "abrir la veda" al impugnar una resolución que, consideran, es "contraria a ley" y "conculca una prohibición expresa" recogida en la normativa ambiental que protege los valores ambientales de Cabo de Gata.

La denuncia de Almería se constituye así en punta de lanza de una casuística que Ecologistas estaba planteando denunciar en las ocho provincias, ya que en todos los casos la administración regional había desestimado los recursos de alzada. Al ser el almeriense uno de los casos más importantes, al considerar que uno de los mayores peligros estriba en la afección al Cabo de Gata, se confía así en "sentar precedente".

En cuanto a la otra acción que ha llevado a cabo 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar', consiste en la presentación de una queja ante la CE, a la que reclaman que "se dé un toque de atención a España por el hecho de que la normativa contemple este tipo de sondeos, habida cuenta de que se generan expectativas económicas en terrenos donde no está permitido por legislación vigente de protección, salvo que exista una oscura intención de cambiar las normativas por intereses menos claros".

Escrito ante la Junta

El colectivo ya presentó un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que tiene las competencias para hacer que se aplique el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, en el que le urge a paralizar "este tipo de autorizaciones de minería que no son compatibles" con esta normativa y a requerir a la Consejería que lo ha aprobado a que procesa al "inmediato archivo de todos los expedientes que tengan por objeto la investigación y/o explotación de recursos mineros" en el espacio.

Los terrenos declarados francos, que contienen caolín, bentonita, arcillas y rocas bituminosas, se encuentran bajo protección de la Directiva Hábitat y se consideran, por tanto, lugar de interés comunitario (LIC), lo que, según dice el colectivo en su recurso, consultado por Europa Press, es "incompatible" con la protección ambiental.

En esta línea, hacía referencia a que el Plan de Ordenación de los Recursos Mineros de Andalucía 2010-2013 de la propia Junta establece esta veintena de zonas en Cabo de Gata como de "incompatibilidad minera ambiental", por lo que remarcaba que resulta "evidente" que la administración "conoce perfectamente las restricciones legales que impiden el otorgamiento de muchos de los permisos mineros que se sacan".

'Amigos del Parque' también detallaba, a lo largo de once páginas, que el artículo 5.3.11 apd 3.a) del PORN de Cabo de Gata en vigor desde 2008 contiene "una prohibición expresa de concesión de nuevos permisos de investigación y de aprovechamiento de recursos mineros ni geológicos" y subrayaba que la normativa ambiental es "jerárquicamente superior a cualquier resolución que emita una consejería, de acuerdo a la Ley de Patrimonio Natural". "Por lo tanto -ahondaba- todo uso debe adaptarse a los establecido en PORN y, según eso, la resolución de 3 de diciembre sería nula de pleno derecho".

El colectivo apelaba a un "ejercicio de buen gobierno y uso eficiente de los recursos públicos" para que se archive ya que, a su juicio, las resoluciones podrían constituir un "fraude de ley" al conocer "perfectamente" la Junta las restricciones legales que impiden el otorgamiento de muchos de los permisos mineros que se sacan.

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