El Juzgado de lo Penal 4 de Granada juzgará los días 16 y 17 de septiembre al alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por el caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), y la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y de otro de prevaricación administrativa.
La Fiscalía de Granada pide para él un año de prisión, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial por seis meses. También está imputado por delito contra el medio ambiente, el ingeniero director de las obras de saneamiento, Humberto G.M., al que sólo acusa el PP, personado como acusación popular.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Armilla, Antonio Ayllón, ha informado este lunes de la fecha de juicio, que se produce después de "más de 20 meses de espera". Según ha recordado, el socialista será juzgado por la "pérdida" de una subvención de 450.000 euros que el Ayuntamiento había recibido de la Agencia IDEA para la ejecución de los saneamientos del PTS "que nunca llegó a realizar", y por los vertidos "ilegales" que se realizaron a una acequia del siglo XIII y "poner en peligro la salud pública de los ciudadanos, así como el futuro del Hospital del PTS".
Ante esta circunstancia, el portavoz del PP ha exigido al resto de formaciones políticas en el municipio que "tomen carta en el asunto", ya que, a su juicio, es inconcebible que Sánchez "siga un día más al frente de los destinos de los armilleros".
En este sentido, ha retado a IU y Podemos Armilla, que sean "consecuentes" con sus palabras y "muevan ficha" y ha preguntado a ambos partidos "por qué si defienden tanto la ética y los gobiernos libres de corrupción, no solo pusieron al señor Sánchez al frente de la alcaldía, sino que continúan manteniéndolo a día de hoy".
También ha hecho otra llamada de atención al PSOE, a su secretaria general, Teresa Jiménez, a la que ha exigido que aplique el "código ético que tanto predica" en los medios de comunicación, y ha tildado de "inconcebible" el hecho de que la principal responsable del PSOE provincial "siga manteniendo, subvencionando y hasta apoyando sin ningún tipo de rubor a un alcalde que se va a sentar en el banquillo y que a sus espaldas tiene presuntas corruptelas".
Ayllón ha exigido a la Junta que se persone en el caso y ha indicado que resulta sorprendente que "aún no lo haya hecho" teniendo en cuenta que se trata de la pérdida de una subvención de IDEA.
"Parece que a la Junta y la agencia IDEA, también implicada en el caso de los ERES y los cursos de formación, no tienen ningún interés en saber qué ha ocurrido con esos 450.000 euros con los que se deberían de haber realizado los colectores. ¿Será por qué es un alcalde socialista y anteponen los interese del PSOE a los intereses de todos los granadinos?, ha preguntado.
Para concluir, ha lamentado el "circo político" que el próximo septiembre volverá a vivir Armilla "por culpa de los escándalos de corrupción y oscurantismo al que ya nos tiene acostumbrados el alcalde socialista".
Acusación de la fiscalía
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía recuerda que la construcción y urbanización del Plan Parcial Campus de la Salud de Armilla se desarrolló en tres fases o etapas, correspondiendo al Ayuntamiento de Armilla la urbanización de la fase tercera. En esta tercera fase, se establecía que el saneamiento estaría constituido por dos redes independientes: La denominada "red aliviadero" que recogería las aguas negras y pluviales de toda la zona aguas arriba; y la denominada "red norte" que sanearía las parcelas situadas aguas abajo.
Así, por parte de Sánchez, alcalde de Armilla desde 2007 hasta junio de 2011 --y actualmente-- se solicitó, el 19 de noviembre de 2008, para las obras de urbanización de la tercera fase de ese Plan Parcial, una subvención "urgente" para hacer frente a los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y pluviales dado que a pesar de estar ejecutadas un 40 por ciento de las obras de urbanización de uso residencial, los vertidos existentes se realizaban a acequias y además las aguas pluviales provenientes de las dos primeras fases no tenían salida canalizada hasta el colector de la margen derecha del río Monachil.
La Agencia IDEA concedió la subvención solicitada el 18 de febrero de 2009 cuyo fin era la financiación de los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y vertidos en los trabajos de urbanización de la tercera fase respecto de la edificaciones de uso residencial.
Concedida la subvención, el importe de la misma se destinó a las obras de urbanización, saneamiento, y abastecimiento de agua potable, "a excepción de dos tramos de colector que permitieran la conexión de la red de saneamiento norte y red aliviadero con el colector de la red general de Granada, EDAR Sur".
Las razones de no finalizar el proyecto, según la Fiscalía, "fueron de carácter técnico y suponían un incremento del presupuesto inicialmente previsto", "razones ajenas", al Ayuntamiento y al alcalde, lo que hizo constar IDEA.
Las obras necesarias para la finalización de la red de saneamiento y evitar los vertidos consistían en la conexión del saneamiento general del Campus de la Salud que se encuentra en la puerta de Fermasa. Para ello era preciso cambiar el punto de conexión a la red general inicialmente previsto, pero al finalizar las obras "la empresa constructora dejó una tubería cortada a la espera de conectar con el colector de Emasagra".
"Desconocimiento grave" del alcalde
Ya el 28 de marzo de 2011 el alcalde procesado "autorizó la conexión de la red inacabada a la acequia Arabuleila para desaguar la red en evitación de que pudiera entrar en carga", con "desconocimiento grave" de las normas de precaución y cuidado que le eran exigibles en atención al cargo que desempeñaba, y tomando una decisión "sin las autorizaciones legalmente exigibles".
Según la fiscal, "no se realizó por el Ayuntamiento de Armilla solicitud al Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de autorización de vertido a la acequia Arabuleila", si bien ese "vertido no podría ser autorizado por cuanto que la acequia no constituye un elemento del dominio público hidráulico". "En cualquier caso y si se hubiera obtenido la autorización, la utilización para riego implicaría la correspondiente autorización de reutilización de aguas depuradas", aclara.
Así, aunque el 11 de agosto de 2011 un técnico de Servicio Andaluz de Salud no detectó vertido alguno, el 26 de enero de 2012 agentes del Seprona de la Guardia Civil, comprobaron la existencia de caudal de vertido de agua residual procedente de vertido directo de la red de saneamiento a la acequia Arabuleila y procedieron a la toma de muestras que fueron remitidas a la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Dado que las muestras presentaban un elevado porcentaje de magnesio en el agua de vertido se remitieron los análisis al laboratorio de Ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia, que constató que esa cantidad de magnesio no presenta ninguna trascendencia para el uso agrícola, aunque incidiendo en que ello no justificaba el vertido de aguas residuales sin depurar de estas características a una acequia dedicada al riego dado que "pueden suponer un riesgo sanitario debido a la presencia de patógenos o de tóxicos que no han sido objeto de determinación analítica".
Por ello, concluye que "los vertidos ilícitos e incontrolados" en el PTS derivados del incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento de Armilla "han supuesto una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales", siendo el acusado el que ordenó la conexión de la red "inacabada" a la acequia Arabuleila.
