El trasvase habría caducado si la modificación del Estatuto que recogía su fin se hubiera aprobado

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El secretario regional de CCOO, José Luis Gil, ha asegurado que si la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que PP y PSOE pactaron en el Parlamento regional que ponía fin al trasvase Tajo-Segura en 2015 "y que algunas fuerzas políticas de Castilla-La Mancha traicionaron después en su tramitación en las Cortes Generales", hubiera visto la luz, "hoy el trasvase Tajo-Segura ya habría caducado".

De este modo se ha pronunciado el líder regional de CCOO, tras la reunión que ha mantenido con la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, primer encuentro en el que entre otros asuntos han abordado la cuestión hídrica, tema que preocupa al sindicato por la situación "injusta" que se vive en la región por la derivación de agua al Levante.

A juicio de Gil, la situación de los embalses de cabecera no solo es un problema medioambiental, pues el agua está limitando el desarrollo general de la región y podría tener "consecuencias benefactoras para el empleo".

"¿Alguien ha echado cuentas de lo que podría significar para la creación de empleo en Castilla-La Mancha en los sectores agroalimentario e industrial si los recursos que se trasvasan de forma injusta se usaran en la región?", se ha preguntado.

Es por ello que ha pedido retomar "con seriedad" el debate nacional del agua para que se "haga justicia" con Castilla-La Mancha y la región tenga recursos "suficientes" para todo los usos. "Se puede ser solidario con el conjunto de regiones pero en Castilla-La Mancha se tiene que poder hacer un uso adecuado y suficiente de ese agua que se trasvasa".

Dicho esto, el líder de CCOO ha dicho que la actuación del Gobierno regional en materia de agua "debe ser arropada por todos los que entienden que esto no se puede meter en el tiempo", a fin de defender una política "razonable y justa" para la región.

Lucha pacífica

De su lado, la consejera de Fomento ha asegurado que el Gobierno regional continuará con su lucha "pacífica" contra la "insensibilidad" del Gobierno central en materia de agua, que no tiene alternativa al trasvase, que "merma la legítima capacidad de desarrollo económico de los ciudadanos de la región".

"El Ministerio se está saltando su propia ley. Ha reconocido que no se puede trasvasar por debajo de los 400 hectómetros de los pantanos de cabecera pero ahora interpretan la ley de evaluación a su antojo para seguir trasvasando agua", ha condenado.

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