La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II avisa de la decadencia en su gestión

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La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha alertado este lunes sobre "la decadencia de la gestión" de la empresa, a su juicio, "cada vez más orientada a la consecución de beneficios que a la prestación de un servicio público y de calidad".

Tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la congelación de tarifas de agua para el año 2016, del refuerzo de la Bonificación por Exención Social y de la cifra destinada a inversiones para la red de abastecimiento en la región, la plataforma pone "en tela de juicio la gestión del Ejecutivo madrileño en lo relativo al Canal de Isabel II y el futuro de la empresa".

Desde la plataforma han manifestado en un comunicado que el actual modelo de bonificaciones al consumo de agua "no ampara en modo alguno a la ciudadanía madrileña con dificultades económicas para hacer frente a la factura del agua y, por tanto, en riesgo de sufrir un corte o condena de suministro".

"La ejecución de un corte o condena por impago de las facturas supone un incremento en la deuda del usuario que debe hacer frente a los gastos de restablecimiento del servicio y que pueden llegar a alcanzar 870 euros, cantidad imposible de afrontar para un beneficiario de la RMI cuyo ingreso máximo mensual no supera los 563 Euros", ha declarado.

En opinión de la plataforma, el aumento en los cortes de suministro a raíz de la creación de la Sociedad Anónima en el año 2012 pone en evidencia "la efectividad de un sistema de bonificaciones que parece más dirigido a rentas bajas que a familias en situación de exclusión social y trasluce el giro en la gestión de la empresa cada vez más orientada a la consecución de beneficios que a la prestación de un servicio público y de calidad".

Además, ha considerado que se estará "conculcando el derecho humano al agua potable y al saneamiento hasta tanto el Gobierno madrileño no se comprometa a paralizar los cortes para todas aquellas personas en situación de emergencia social y a rediseñar un sistema de bonificaciones".

"Los 213 millones de euros destinados a inversiones en infraestructuras supone un 6,5 por ciento de disminución respecto de la cifra presupuestada para el año 2015 y nada menos que un 32 por ciento menos con respecto a los casi 315 millones de euros invertidos en 2012", ha concluido.

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