El jefe del Departamento de Construcción de Redes Canal de Isabel II desde 2006 a 2012, Juan Arturo Alonso Parra, ha reconocido este martes "errores" en la ejecución de unas obras en el anillo de distribución de agua entre Majadahonda y Boadilla del Monte, la llamada 'M-50 del agua', una infraestructura aún no terminada a pesar de ser licitada en 2008.
La obra civil se licitó por 51 millones de euros en 2008 y la empresa Joca fue la adjudicataria por 30,43 millones de euros. En nueva sesión de la comisión de la auditoría del endedudamiento y de la gestión de la Comunidad de Madrid celebrada esta mañana en la Asamblea, Alonso Parra ha señalado que pronto se detectaron problemas con la obtención de permisos y licencias "motivados por cambios importantes por la desafección de un desarrollo urbanístico".
El exdirectivo, que precisamente fue cesado de su cargo por las irregularidades de estas obras, ha señalado que hubo que hacer varias adjudicaciones suplementarias y que se detectaron problemas en la conexión con la M-50, ya que fue necesaria la estabilización del terreno, incidencia que no fue detectado en los estudios topográficos preliminares.
Tras las informaciones de que Joca estaba en concurso de acreedores, el Canal solicitó a la empresa encargada de la asistencia técnica que incluyeran una medición de la ejecución de las obras. Entonces, es cuando detectaron "discrepancias sobre criterios de medición", en movimientos de obras y en duplicación de perfiles.
Y es que no correspondían lo que habían fijado con lo que realmente habían hecho, que era mucho menor. Según el diputado de Podemos Alejandro Sánchez, el Canal había pagado por un trabajo que no se había hecho un importe económico en exceso de casi 1,5 millones de euros.
Como consecuencia de estos sobrecostes, Alonso ha señalado que el Canal le impuso una sanción de tres meses por "una falta laboral". "Esta falta conllevó una pérdida de confianza y en octubre de 2012 me relevaron de mis funciones", ha reconocido. De hecho, ahora desde otro puesto menor del Canal, Alonso ha subrayado que quiere "recuperar la confianza de la empresa".
El exdirectivo ha señalado que "estas diferencias de mediciones de los primeros meses se regularizaron" y desde este momento la ejecución de la infraestructura se supervisó de manera conjunta entre Joca y la Dirección de la Obra. Concretamente, Incive se hizo cargo de la supervisión del proyecto, la vigilancia y el control "de manera adecuada".
Joca no ha vuelto a contratar con el Canal
Juan Alonso ha señalado que Joca no ha vuelto a contratar desde entonces con el Canal. Y es que, tras detectar el supuesto fraude en las mediciones el Canal dejó de pagar nuevas certificaciones a este empresa, además de denunciarla por abandono de obra. La compañía de ingeniería también reclamó vía judicial en Badajoz, donde tiene su sede, las cantidades sin pagar.
Finalmente, el Juzgado extremeño sentenció al Canal a pagar a Joca 1,7 millones pendientes, lo que luego fue ratificado por la Audiencia Provincial, según ha recordado el exdirectivo. "En todas las obras siempre hay problemas técnicos que se van solventando, pero problemas como en este caso, con una empresa con concurso de acreedores, no me ha ocurrido antes. Todas las obras se habían ejecutado correctamente, como ha certificado la auditoría", ha concluido el declarante.
También ha comparecido en la comisión María Belén Benito Martínez, directora de Operaciones de Canal Isabel II Gestión, quien ha explicado que durante su periodo como subdirectora de Ingeniería y Construcción se contrataron 900 obras por un importe de 1.345 millones de euros. Ahora, como directora de operaciones, dirige a 1.183 profesionales, casi la mitad de la plantilla del Canal, ha detallado.
Pero sobre la infraestructura en cuestión, ha detallado que "comenzaron a ralentizarse" y ante la posibilidad de que la empresa constructora abandonara la ejecución por problemas económicos abrieron una investigación y "detectaron un error por duplicación de perfiles transversales".
Benito ha respondido también a los diputados de la oposición que la bajada en un 40 por ciento entre el presupuesto de licitación (51 millones) y el de adjudicación a Joca (30 millones) "no es una proposición temeraria en el sentido en el que la ley la define".
También ha defendido el papel de empresas de control como Incive ya que debido al volumen de obras anuales del Canal, 900 obras entre 2006 y 2014, unas 125 obras al año. "Estas empresas supervisan el proyecto, vigilan y controlan en la fase de ejecución, comprendiendo tanto trabajos de asistencia técnica especializada y estas fueron las labores que la empresa Incive ejecutó, con informes técnicos de seguimiento mensual", ha indicado.
