El Gobierno cántabro se compromete a evitar el fracking en la comunidad

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    Pozo de extracción mediante fracking (Wikipedia/CC)
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El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) asegura que "hará todo lo posible" para que no se materialicen los permisos de fracking existentes en la comunidad autónoma.

Así ha garantizado la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, al ser cuestionada acerca de la solicitud de Gas Natural Fenosa de autorización administrativa, aprobación y reconocimiento de sus proyectos de fracking en Valderredible como de utilidad pública.

Díaz Tezanos ha sido cuestionada sobre si el Gobierno de Cantabria presentará alegaciones a esta solicitud de Gas Natural Fenosa, tal como le ha demandado el Ayuntamiento de Valderredible, al frente del cual está el regionalista Fernando Fernández.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno "estudiará" esta petición del Consistorio, que ya avanzó que presentará alegaciones.

En un comunicado, la Asamblea contra la Fractura Hidráulica informó hace unos días de la solicitud de Gas Natural Fenosa y denunció que la compañía "pretende expropiar" los terrenos afectados por los sondeos El Coto-2 y Cadialso-2 de Valderredible.

La plataforma informó de que, a mediados de abril, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó a las administraciones afectadas y personas vinculadas con la protección del medio ambiente la ampliación del plazo para la realización del conjunto de actuaciones de la fase 2 (estudio de impacto ambiental, información pública y consultas) de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de pozos de fracking El Coto-2 y Cadialso-2 en Valderredible.

Según aseguró la asamblea, esta ampliación, que les concede nueve meses más para completar esta fase, fue aprobada porque el promotor, Gas Natural Fenosa ha solicitado autorización administrativa, aprobación y reconocimiento de los proyectos de fracking de Valderredible como de utilidad pública.

La declaración de utilidad pública es un requisito previo a la expropiación forzosa y los proyectos de fracking gozan del beneficio de la expropiación forzosa y ocupación temporal de bienes y derechos.

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