Barcelona promete transparencia en el caso de los vertidos de Iberpotash en el río Llobregat

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    Río Llobregat (Wikipedia/CC)
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La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, se ha comprometido a dar visibilidad a la situación tras los vertidos salinos de la empresa minera Iberpotash en el río Llobregat a su paso por municipios de la comarca del Bages (Barcelona) como Súria y Sallent.

"Estudiaremos cómo esta visibilidad se puede hacer palpable en el Ayuntamiento. Queremos hacer emerger este debate y que la gente conozca esta problemática", ha defendido Sanz en declaraciones a los periodistas tras reunirse junto al edil Eloi Badia con miembros del grupo que analizó la situación en noviembre en la simulación de un juicio popular, entre ellos el exdiputado de la CUP David Fernàndez.

Ha dicho que este juicio popular --impulsado por las entidades Prou Sal y BDS Bages-- es un ejemplo de control ciudadano y de iniciativas para avanzar hacia un territorio más justo social y ambientalmente, en sus palabras, y ha añadido que el Ayuntamiento debe comprometerse "no sólo con lo que pasa en sus calles y barrios, sino con lo que impacta en el territorio".

"Somos una ciudad metropolitana que también tiene vocación de poder trabajar y formar parte de proyectos de transformación social y ambiental en todo el país", ha añadido Sanz, que ha defendido que lo que ocurra en el Llobregat y en toda su extensión no sólo impacta en los pueblos concretos, sino que también lo hace en Barcelona.

Ha defendido que el agua es un bien común que debe salvaguardarse, y ha resaltado: "Desde el Ayuntamiento, queremos ser parte activa de esta crítica y exigencia de que, a quien le toque desarrollar actuaciones, las desarrolle, porque tenemos que revertir unas actividades que están trinchando el territorio".

Conclusiones del juicio

El miembro de la entidad Prou Sal Jordi Iborra ha dicho que en el juicio popular --al que no asistió Iberpotash, propiedad de la multinacional israelí ICL-- ha recordado que concluyeron que la empresa era culpable de la salinización del Llobregat y que genera unos gastos en la comunidad que no paga, conclusiones que han trasladado al Ayuntamiento de Barcelona porque consideran que la ciudad también está "afectada por este problema medioambiental".

David Fernàndez ha recordado como miembro del jurado que en el juicio, celebrado en Manresa, también concluyeron que la empresa es cómplice de la situación en Palestina y se lucra de ello, y que ICL fomenta el empleo a través de la financiación del ejército, según su análisis.

Han señalado que la Audiencia de Barcelona acordó en febrero obligar a exdirectivos y a un técnico de la empresa minera y a la firma, como responsable civil subsidiario, a asumir el coste económico de la recuperación ecológica de las zonas contaminadas por su actividad en los municipios de Súria, Callús, Santpedor y Sallent.

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