El Canal de Isabel II ha apartado a cuatro directivos de la empresa salpicados por la supuesta trama de corrupción que investiga la 'Operación Lezo', que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad, Ignacio González, y hará auditorías en todas sus filiales internacionales para conocer el estado de cada una de ellas.
Según ha informado el consejero de Presidencia y Justicia y actual presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, la empresa pública de agua ha cesado de todos sus cargos ejecutivos a Diego García, exgerente de Inassa.
Además, este martes la empresa de aguas ha iniciado expediente disciplinario laboral que determinará las consecuencias de su futuro laboral al exdirector del Canal Adrián Martín, para el que el juez pidió prisión bajo fianza de 100.000 euros en el marco de la Operación Lezo, y Fernando Cevallos, imputado en la misma operación.
Además, María Fernanda Richmond ha sido suspendida de empleo y sueldo mientras esté en prisión. En este caso, el Canal se encuentra a la espera de un informe legal para ver si inicia expediente o espera.
Por otra parte, en el próximo Consejo de Administración, que se celebrará este miércoles, se van a presentar medidas para reforzar los controles internos y la transparencia en los procesos de contratación y compra de las filiales del Canal. Van a reforzar el área financiera y harán auditorías en todas las filiales internacionales para "conocer el estado de cada una de estas empresas".
El Canal, que contaba con una veintena de filiales, ya inició el proceso de disolución de doce de ellas, que o no tenían casi actividad o su objeto no tenía que ver con el proceso de suministro de aguas.
Garrido ha explicado que han tomado "muchísimas medidas desde el principio en el Canal de Isabel II", cambiaron al forma de adjudicación de la contratación y tomaron medidas en torno a diferentes directivos. "Siempre hay un proceso de mejora continua de la gestión de las empresas públicas que vamos a seguir haciendo", ha remarcado.
"Canal de Isabel II es una empresa pública y va a seguir siendo una empresa pública", ha asegurado Garrido, quien ha explicado que al margen de este asunto es una empresa que funciona "perfectamente", que da aproximadamente 200 millones de beneficios al año.
