El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González solicitó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, declarar voluntariamente para pedir una rebaja de las medidas cautelares adoptadas el pasado 21 de abril cuando se decretó prisión sin fianza por su implicación en la trama Lezo.
Según han informado a Europa Press fuentes de la defensa, esta formulación se hace una vez levantado parcialmente el secreto de sumario de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública madrileña, lo que le permite conocer con más detalle los fundamentos de la acusación.
Su primera declaración en dependencias judiciales se produjo un día después de su detención y en ella el presunto cabecilla de la trama negó los hechos que se le imputaban y matizó que siempre había actuado en el marco de la legalidad.
El entonces instructor del caso, el juez Eloy Velasco, decretó prisión incondicional sin fianza para él y su hombre fuerte en Sudamérica, el expresidente de Inassa (filial del Canal de Isabel II), Edmundo Rodríguez Sobrino, por irregularidades en la compra de la empresa brasileña Emissao.
El juez Velasco expuso que los directivos de la sociedad están implicado en el desvío de 25 millones de dólares de las arcas públicas a paraísos fiscales mediante una operativa que implica igualmente a los también imputados Adrián Martín, exgerente del Canal, y María Fernanda Richmond, exdirectora financiera de la sociedad.
