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El dragado del Segura es ilegal, según la Plataforma por un Río Segura Vivo

  • Segura (Facebook de la Plataforma por un Río Segura Vivo).

Ecologistas en Acción y ANSE, integradas en la Plataforma por un Rio Segura Vivo han remitido sendos escritos a la Comunidad Autónoma, a la Administración central del Estado y a la Comisión Europea advirtiendo de la situación "ilegal" del dragado del Río Segura y exponiendo el riesgo que supone para la financiación europea del proyecto.

Las organizaciones han mantenido diversas reuniones con responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en relación a estas obras que afirmaban que las obras se ajustaban a la legislación vigente y que las organizaciones ecologistas no habían remitido alegaciones al proyecto en su momento, advirtiendo únicamente de la presencia de galápago leproso (Mauremys leprosa).

A juicio de las organizaciones, el proyecto que se está ejecutando no es el mismo que el sometido a exposición pública

Sin embargo y como consecuencia de las reuniones, la Plataforma recuerda que "se solicitó formalmente la información relativa al trámite ambiental y al proyecto finalmente ejecutado. Esta documentación ha sido obtenida, después de no pocas dificultades y tras pagar unas elevadas tasas, lo que pone entredicho el compromiso de transparencia de estas obras".

A juicio de las organizaciones, no cabe duda de que el proyecto que se está ejecutando "no es el mismo que el sometido a exposición pública, y que la modificación introducida en el mismo obligaría, según la legislación autonómica, estatal y comunitaria, a que el órgano ambiental, en este caso, la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, decidiera caso por caso si se somete o no a Evaluación de Impacto Ambiental, ya que el proyecto incluye varios depósitos de lodos en meandros del río".

Sin embargo y según la información aportada por la CHS, "ni siquiera existe un expediente ambiental como tal del proyecto, sino que constan diversos informes del órgano sustantivo (DG del Agua y CHS) y sólo uno del órgano competente en Natura 2000 y biodiversidad de la Comunidad Autónoma del año 2008", añade la Plataforma.

Por la ausencia de trámite ambiental, considera que la cofinanciación europea de la que disfruta las obras a través de los fondos FEDER "podría correr riesgo en caso de intervención de las autoridades comunitarias".

Además, desde la plataforma Por un río Segura Vivo recuerdan que el proyecto del dragado "pudo tener algún sentido cuando el río se encontraba en peor estado de conservación, pero la situación actual del mismo desaconseja cualquier intervención de este tipo, máxime cuando se justifica desde una perspectiva ambiental, y no ha sido hasta fechas recientes cuando se han esgrimido razones de seguridad del proyecto".

Más bien al contrario, considera que la tendencia inspirada en los principios de la Directiva Marco del Agua "debería ser a re-naturalizar el río en su tramo bajo, pues como se viene comprobando en fechas recientes, diversos indicadores apuntan a una mejora en la calidad ambiental del río Segura como es el caso de la reciente reaparición de la nutria (Lutra lutra) o de la anguila (Anguilla anguilla)".

Asimismo, la Plataforma desea recordar que "a pesar de la fuerte inversión prevista, el proyecto puede tener una vida media muy corta, próximo a la década, ya que el transporte de sedimentos del río volverá a colmatar la zona por el efecto que tiene la presa de la FICA sobre la dinámica fluvial".

La Plataforma por un Río Segura vivo está integrada por ciudadanos independientes y por los colectivos Anse, Ecologistas en Acción, Huermur, Plataforma Agua Pública 100%, Asociación de Vecinos de Vistabella, y apoyada por los grupos políticos IU, Equo y Podemos.

En concreto, los escritos se han dirigido a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad; mientras que en el ámbito estatal se han dirigido a la Dirección General del Agua, a la Dirección General de Evaluación de Calidad Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental, al Secretario de estado de Medio Ambiente y a la ministra de Medio Ambiente; y en el ámbito comunitario a la Dirección General de Política Regional y Urbana, Dirección General de Medio Ambiente.

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