Piden medidas para paliar los efectos de la sequía en la producción de pasas y aceitunas en Andalucía

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El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha un paquete de medidas para paliar los efectos de la sequía en la producción de la uva pasa y la aceituna.

Durante su visita a una explotación de pasas y a una cooperativa en Almáchar (Málaga), ha instado al Ejecutivo del PP a iniciar un  Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, extraordinario para paliar los perjudiciales efectos de la escasez de lluvias en el campo andaluz.

Así, ha pedido que se eliminen, o al menos se reduzcan de forma importante, el número de jornales necesarios para poder cobrar el subsidio agrícola en las zonas que están sufriendo los efectos de la sequía y ha planteado que se tomen medidas fiscales, como una reducción del IRPF, de las cotizaciones a la Seguridad Social o la devolución del IBI rústico, para beneficiar a estos agricultores.

El socialista ha incidido en que esta sequía está suponiendo "un duro golpe" para las cosechas y ha recordado que para la actual campaña de la aceituna se espera una reducción de un 50 por ciento de la producción con respecto a la campaña anterior, "lo que supondrá un serio revés tanto para los productores como para los trabajadores agrícolas".

Ha añadido que la campaña de la uva pasa también ha sufrido un "duro revés" de producción llegando en algunas fincas hasta una disminución del 70 por ciento, y la producción que se ha salvado "está siendo de muy baja calidad".

"El Gobierno tiene que reaccionar ante esta situación, tomar medidas para fomentar el empleo agrario y poner en marcha un plan extraordinario de empleo en las zonas más perjudicadas por la sequía", ha dicho Conejo, al tiempo que ha recordado que una campaña agrícola más corta "repercutirá en un menor número de contratos, menos jornales y una pérdida de ingresos en el sector".

Por otro lado, el dirigente del PSOE-A ha invitado a llegar a un acuerdo entre la Administración pública y el sector para establecer "un precio justo de los productos agrícolas". "Es fundamental alcanzar un gran pacto a nivel estatal y europeo entre productores, agricultores y administraciones públicas que garantice que se paga un precio justo al agricultor", ha finalizado, recordando que si no, la agricultura "no es viable".

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