El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, ha considerado que "una tormenta" puede haber producido una acumulación de residuos de lindano en el río Gállego que ha terminado afectando al suministro de agua en varias localidades altoaragonesas, aunque no está confirmado que esta sea la causa.
El Gobierno regional tiene la "convicción" de que el traslado de lindano de un vertedero a otro, en Sabiñánigo (Huesca), operación que terminó el 17 de septiembre, se llevó a cabo siguiendo todos los protocolos de seguridad "y no se han rebasado en ningún momento los límites" de acumulación de este pesticida tanto en las aguas de escorrentía como en las partículas que se hayan liberado en el entorno. La tormenta puede ser la causa, ya que no se han detectado otras "por ningún lado", ha dicho Lobón.
La Administración aragonesa está haciendo un "chequeo permanente" de las aguas del río Gállego y está en contacto con los alcaldes "para actuar en todos los términos que haga falta", ha proseguido el consejero, quien ha reconocido que la presencia de lindano en este río es uno de los problemas ambientales de toda Europa.
Modesto Lobón, ha considerado que "una tormenta" puede haber producido una acumulación de residuos de lindano en el río Gállego
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lobón ha informado de que las localidades de Piedratajada, Santa Eulalia y Ardisa dieron un resultado positivo el viernes de la semana pasada, a raíz de lo cual el Ejecutivo aragonés estableció varios controles en ocho puntos distintos.
El titular de Medio Ambiente ha insistido en que el suministro solo se ha suspendido donde las partículas de lindano superan el límite permitido -en Ardisa el resultado es correcto a día de hoy- y tan pronto como se sitúe por debajo del nivel permitido se levantará la prohibición de beber agua de boca.
"No hay riesgo de intoxicación por beber este agua, lo que pasa es que hay un protocolo" que obliga a tomar estas medidas, ha continuado Modesto Lobón, quien ha precisado que la unidad de medida de la presencia del lindano en el agua corriente es extremadamente pequeña, una millonésima parte de gramo por litro.
Controles
Los controles "se han intensificado" tras reunirse el director general de Salud Pública, José Francisco Sancho Cuartero, la directora general de Calidad Ambiental, Pilar Molinero, y representantes de Protección Civil, estableciéndose un protocolo de actuación, de tal forma que desde este lunes se controlan todas las salidas de agua de boca de 23 municipios de la zona.
Medio Ambiente estudia la posible presencia del lindano en la salida del agua del río, con 17 controles diarios, y el de Sanidad, Bienestar Social y Familia en los domicilios, realizándose 23 pruebas cada día, en este caso porque el lindano podría estar presente en algunos depósitos de agua. Lobón ha apuntado que los ayuntamientos deberán hacerse cargo de la limpieza, que se realizará con cloro, aunque si no pueden costearlo el Gobierno concederá las ayudas necesarias.
El protocolo acordado dispone que si los controles dan un resultado negativo "no hay ningún problema" y se vuelve a analizar el agua de la misma toma tres días después, y si da positivo Protección Civil ordena a la población que no consuma agua de boca y se examina la misma toma al día siguiente, de tal forma que se realizan pruebas a diario en algunos casos y cada tres días en otros.
Llevan a cabo los controles los laboratorios del SALUD, Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que trabajan "con el mismo rigor técnico", si bien el parte oficial lo ofrece el Departamento de Sanidad. En las próximas horas se informará de los nuevos resultados.
Inversión
El Ejecutivo aragonés ha invertido este año 5,5 millones de euros y pedirá la renovación del convenio con el Gobierno de España para que este conceda nuevas ayudas para solucionar este problema. Modesto Lobón ha dicho que todas las Administraciones deben colaborar.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha recordado que el Consejo de Gobierno acordó el 10 de junio pedir al juez la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo por la que la empresa responsable de los vertidos, Inquinosa, que ya no trabaja en España, indemnice al Gobierno regional con 6,4 millones de euros por los daños ambientales ocasionados.
Bermúdez de Castro ha afirmado que esta cantidad supone el 10 por ciento "de lo que ha habido que poner", añadiendo que las Administraciones han gastado "muchos miles de millones de pesetas para solucionar esta irresponsabilidad ambiental".
