Con motivo de la celebración del Foro de la Economía del Agua, una ambiciosa iniciativa que este 24 de noviembre celebra su tercera edición con un panel de ponentes de auténtica excepción, entrevistamos a Santiago Carbó, Miembro del Comité Académico de dicho foro.
Pregunta - Señor Carbó. En primer lugar, nos gustaría cómo surge su vinculación con el Foro de la Economía del Agua.
Respuesta - La vinculación surge en el marco de algunas discusiones con colegas (que también son amigos) sobre la trascendencia de la economía del agua y sus particularidades en determinados territorios. En un momento de la conversación me comentan esta iniciativa y la posibilidad de participar… y no lo dudé. Es un tema tan importante como atractivo.
En España, los problemas relacionados con el agua son acuciantes en muchos territorios y no se pueden aplazar más, por lo que es probable que la presión aumente de forma considerable en los próximos años
P. - Usted es un experto economista de reconocido prestigio. ¿Qué diagnóstico hace de la situación actual de la economía mundial?
R. - La economía mundial experimenta un proceso de transformación en torno a tres ejes: i) Un cambio en el orden geopolítico orientado por la nueva estructura del sector energético (con menos peso del petróleo) y por una mayor ponderación en la economía mundial de países como China, India y algunos emergentes; ii) Un cambio tecnológico inducido por la digitalización que supone un nuevo paradigma para las relaciones laborales, los servicios y las industrias; iii) Una expansión monetaria que coincide con una expansión de la deuda pública y privada, ambas sin precedentes.
Las respuestas a este nuevo orden que progresivamente se está configurando son imprecisas aún. Hay una caída del comercio mundial y un desequilibrio político, con una desconexión entre el liderazgo en las naciones y la sociedad y una profunda división de esta última.
P. - ¿Y en el caso particular de España?
R. - España afronta los desafíos de una economía moderna que precisa reformas. Algunas se han emprendido y otras muchas están aún pendientes. Se ha mejorado la competitividad pero hay aún margen de mejora para que la economía y el empleo tengan más capacidad de resistir variaciones cíclicas. También es una economía que debe decidir los caminos para hacer sostenible el estado del bienestar en una amplia gama de dimensiones, en particular, teniendo en cuenta el envejecimiento poblacional. España también debe tener muy en cuenta, más que hasta ahora, los cambios medioambientales en un país con importantes contrastes geográficos que determinan diferentes posibilidades y retos, entre ellos en la gestión del agua o en la política energética.
El sector del agua viene sufriendo en los últimos años de forma dramática las consecuencias de la crisis económica
P. - Centrémonos en la política fiscal. Una de las primeras tareas del nuevo gobierno español es aprobar unos presupuestos que deben cumplir el objetivo de déficit del 3,1% para 2017. Se habla de ajustes estructurales de unos 5.000 millones de euros. ¿De dónde cree que van a salir?
R. - En estos momentos hay una discusión con la Comisión Europea sobre si ese ajuste podría ser, incluso, algo mayor, de entorno de los 7.800 millones. No hay mucho margen por la vía del recorte del gasto, aunque cierta moderación será precisa. Donde parece que se va a incidir es en la vía del ingreso fiscal. Más impuestos, en definitiva, empezando por el de sociedades. Muy probablemente, también en el IVA y, posiblemente, en impuestos sobre el tabaco o hidrocarburos.
P.- El sector del agua viene sufriendo en los últimos años de forma dramática las consecuencias de la crisis económica. Las inversiones públicas en renovación y mantenimiento de infraestructuras se han desplomado y el deterioro de las infraestructuras es una realidad cada vez más tangible. ¿Vislumbra un panorama de recuperación o debemos acostumbrarnos a esta nueva coyuntura?
R.- El agua vive la tragedia de otras inversiones tremendamente necesarias: es un problema cuyas consecuencias se experimentan a largo plazo, mientras que la política tiene tiempos electorales mucho más cortos. Lo que ocurre es que, en España, los problemas relacionados con el agua son acuciantes en muchos territorios y no se pueden aplazar más, por lo que es probable que la presión aumente de forma considerable en los próximos años. Sería necesario que así fuera. Hay mucho por hacer en infraestructuras, en co-responsabilidad e, incluso, en educación respecto a los recursos hídricos.
P. - Hablemos de colaboración público-privada. España gestiona aproximadamente la mitad de sus servicios de agua urbanos con este modelo, pero en el ámbito de la ejecución de infraestructuras las experiencias son casi anecdóticas. ¿Podría ser una vía para atraer la financiación necesaria al sector?
El Foro está llamando cada vez más la atención de la esfera política y empresarial y teniendo un impacto mediático creciente
R. - Es una vía muy atractiva pero hay una dificultad y es que requeriría una fuerte inversión y, en la situación actual de deuda y déficit, es complicado. También requeriría una adecuada planificación para evitar excesivos sobrecostes y, finalmente, un sistema de garantías de la inversión compartido entre la inversión pública y la privada, de manera que el riesgo no quede sólo del lado del contribuyente, como ha ocurrido en otras infraestructuras de iniciativa pública y privada como las concesiones de autopistas. Pero sin duda, es una vía que se debe explorar, a pesar de los posibles obstáculos financieros coyunturales en la inversión pública.
P. - Para finalizar, señor Carbó. ¿Qué espera de la tercera edición del Foro de la Economía del Agua que se celebrará el próximo día 24 de noviembre en Madrid?
R. - El Foro del Agua se está consolidando y es una extraordinaria noticia la celebración de este nuevo evento. Está, además, llamando cada vez más la atención de la esfera política y empresarial y teniendo un impacto mediático creciente. Todos ellos los ingredientes para convertirse en el foro de discusión de referencia que impulse cambios en la economía del agua y su gestión en España.