14 compañías suministradoras de agua acuerdan luchar contra la pobreza energética en Cataluña

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  • 14 compañías suministradoras agua acuerdan luchar pobreza energética Cataluña
  • Las compañías se comprometen a conceder ayudas a fondo perdido o aplicar descuentos notables a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial
  • Estas empresas tienen unos 3 millones de clientes y abastecen unos 5,9 millones de personas en Cataluña
  • El consejero Baiget anuncia un acuerdo con la Asociación de Municipios de Cataluña y la Federación de Municipios de Cataluña para trasladarlos 3,8 millones de euros para hacer frente a las deudas contraídas con las suministradoras durante el 2015 para las personas en situación de vulnerabilidad económica
  • El Gobierno se compromete destinar 10 millones de euros este año a la lucha contra la pobreza energética, a pesar de no se hayan aprobado los presupuestos que contemplaban una partida

Sobre la Entidad

Generalitat de Catalunya
Sistema institucional en que se organiza el Gobierno de Cataluña

El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, ha firmado convenios de colaboración con 14 suministradoras de agua de Cataluña para desarrollar la Ley 24/2015 y proseguir la lucha contra la pobreza energética. Mediante estos acuerdos, estas compañías se comprometen a conceder ayudas a fondo perdido o aplicar descuentos notables en el coste de los consumos mínimos a personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.

Las distribuidoras que han suscrito los convenios son Agbar; Sorea; Anaigua; Comaigua;Gestaigua; Aguas de Sant Pere de Ribes; Agua de Rigat; Aguas SVH; Aguas de Palamós;Aguas de Sabadell; Cassa, Aguas y Depuración; Aguas del Prado; Ematsa, y Mina pública de aguas de Terrassa, que en total suman unos 3 millones de clientes y abastecen a una población de unos 5,9 millones de habitantes. La Generalitat trabaja para firmar próximamente convenios con más distribuidoras para conseguir maximizar el número de población que esté protegida por este tipo de medidas.

El consejero Baiget anunció también que próximamente se firmará un acuerdo con la Asociación Catalana de Municipios y con la Federación de Municipios de Cataluña que inyectará 3,8 millones de euros del presupuesto del año pasado para abonar las deudas acumuladas por las familias hasta el 31 de diciembre de 2015. También se firmará un segundo convenio de 10 millones de euros con las entidades municipalistas y las entidades del tercer sector para hacer frente a las necesidades de este año. El consejero ha explicado que esta partida de 10 millones estaba prevista en los presupuestos de 2016. Al no aprobarse los presupuestos el gobierno catalán hará lo posible para conseguir este recursos.

Ignacio Escudero, director de Aguas de Barcelona (Agbar), manifestó que "las empresas suministradoras debemos asegurar el suministro de agua a todo el mundo que no lo pueda asumir"

En este sentido, también se habilitará las entidades del tercer sector para que puedan actuar como agentes informadores, de modo que puedan ayudar a las familias en situación de riesgo de exclusión residencial a acreditarse como tal, a acogerse a los diferentes mecanismos de ayudas establecidos ya tramitar las denuncias oportunas en caso de corte indebido de los suministros básicos. Este acuerdo también debe contribuir a ampliar y mejorar la difusión de los mecanismos existentes para hacer frente a la pobreza energética.

Durante su intervención, el consejero ha afirmado que "un país que quiere justicia social e igualdad de oportunidades, pasa por garantizar el suministro de los servicios básicos" . Por ello, la Generalitat "vela para que haya un cumplimiento de la ley y que ninguna familia se quede sin suministros básicos".

Más allá de los convenios con las suministradoras de agua, el consejero ha anunciado que se está "trabajando con las compañías de gas y de luz para poder firmar convenios similares. Las cosas no están fáciles pero desde el Gobierno no tiramos la toalla ".

Por parte de las empresas, el Sr. Ignacio Escudero, director de Aguas de Barcelona (Agbar), manifestó que "las empresas suministradoras debemos asegurar el suministro de agua a todo el mundo que no lo pueda asumir" . Asimismo, el Sr.Francisco Mayné, director general de SOREA ha hecho hincapié en que estos convenios servirán para "dar una respuesta conjunta de empresas y administración para que el agua en Cataluña no sea un factor de exclusión social"

Mecanismos de protección para los usuarios

Los convenios suscritos ratifican el compromiso de las empresas firmantes a la hora de incrementar el nivel de protección de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. Este compromiso se materializa, en la práctica, en medidas como la constitución de fondos de solidaridad, el establecimiento de tarifas sociales o de bonificaciones en el coste de los consumos mínimos para las personas que acrediten estar en situación de riesgo de exclusión residencial, la puesta en práctica de aplazamientos o fraccionamientos de los importes de estos suministros o la habilitación de protocolos de actuación conjuntos con los servicios sociales para hacer frente a la pobreza energética.Todas estas medidas se añaden a la prohibición de interrumpir el suministro de servicios básicos sin que los servicios sociales hayan comprobado si se trata de un hogar en situación de vulnerabilidad económica, que está vigente desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015.

De acuerdo con estos convenios, las empresas también informarán anualmente la Agencia Catalana del Consumo (ACC) de cuál ha sido el alcance de las medidas que hayan puesto en marcha. Esto permitirá que la Generalitat pueda, además de garantizar el cumplimiento de la ley, incrementar y sistematizar toda la información para evaluar la evolución de la pobreza energética y elaborar las políticas más adecuadas en cada momento.   

Con la firma de estos convenios, la Generalitat prosigue con el desarrollo de la Ley 24/2015, La Agencia Catalana del Consumo ha recibido 185 denuncias por cortes injustificados en el suministro, que han derivado en 98 propuestas de procedimientos sancionadores y la tramitación de 33 expedientes informativos.

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