La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, se ha unido a la propuesta que el ministerio va a presentar en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en Bruselas para simplificar la carga administrativa que asegura la veracidad y exactitud de los cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Elena Cebrián ha solicitado financiación para políticas propias ajustadas a su problemática específica de cambio climático, ya que sin ella va a ser imposible cumplir los objetivos de reducción de emisiones por parte de las actividades sujetas a comercio de derechos de emisión.
"Es importante que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo políticas adaptadas a su problemática específica y a la innovación en los sectores industriales con mayor consumo energético, como en la Comunitat Valenciana es la cerámica, con más de 100 instalaciones sujetas a comercio de derechos", ha advertido.
Es importante que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo políticas adaptadas a su problemática específica
El sistema actual de asignación de derechos de emisión con una tendencia a la reducción de las asignaciones hasta 2020, obliga a las actividades que emiten por encima de lo asignado a adquirir en el mercado o en subasta tantos derechos como toneladas han emitido por encima de lo asignado.
En el Consejo Consultivo de Política Medioambiental que ha tenido lugar en la sede del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha fijado la posición común de las autonomías para el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en este ámbito en materia de financiación y de simplificación de tareas administrativas.
Respecto de los trámites administrativos, el sistema actual genera una elevada carga administrativa que asegura la veracidad y la exactitud de los cálculos de emisiones: a final de febrero se reciben los informes verificados de emisiones de las empresas (186 en 2015); antes de final de marzo se revisan los informes y se inscriben las emisiones en el Registro de la UE; durante el mes de abril se comprueba la entrega de derechos por las empresas; a mitad de mayo se remite un informe exhaustivo de las emisiones verificadas, informes de mejora, modificaciones de autorizaciones y otros documentos para que la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del ministerio informe a la Unión Europea.
A final de mayo hay que mandar también un informe sobre las irregularidades detectadas en las verificaciones a la OECC para que informe a ENAC. Antes de final de junio las empresas deben enviar los informes de mejora y en muchos casos se han de modificar autorizaciones y/o planes de seguimiento. Antes de final de año las empresas remiten las previsiones de reducción o ampliación de capacidad.
Economía circular
Asimismo, la consellera Elena Cebrián ha expresado su conformidad con la posición común de las comunidades autónomas sobre el paquete de medidas para impulsar la economía circular abordado también en el Consejo de Política Medioambiental. Junto a otros responsables autonómicos, ha pedido que se abra un debate público para hacer propuestas realistas de economía circular que contribuyan a la generación de empleo y a la transformación efectiva de la economía.
Durante la reunión también se ha abordado el borrador del Plan de Acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres, que en lo que afecta a la Comunitat Valenciana hace referencia a intensificar los esfuerzos para garantizar la aplicación de la hoja de ruta de la UE destinada a la eliminación de la caza, captura y comercio ilegales de aves silvestres, en la que se menciona de forma explícita el caso del Mediterráneo y se hace referencia a un grupo de trabajo intergubernamental sobre esta problemática establecido de conformidad con la Convención sobre las Especies Migratorias.
