Luz verde a la nueva Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón

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Sobre la Entidad

Gobierno de Aragón
Aragón es una comunidad autónoma de España, resultante del reino histórico del mismo nombre y que comprende el tramo central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas.
  • Con la aprobación de esta Ley, Aragón, junto con Castilla y León, son las únicas dos Comunidades Autónomas que han cumplido con el plazo que otorgó el Estado para modificar su legislación ambiental y adaptarla a la nueva normativa nacional
  • Entre otras aportaciones, permite aplicar 18 medidas de simplificación admnistrativa, clave para la mejora de la productividad

La nueva Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, que derogará a la actual Ley 7/2006, regula el control administrativo ambiental sobre los planes, programas, proyectos, actividades e instalaciones que pueden afectar al medio ambiente, con el fin de hacer compatibles las actividades humanas con la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, garantizando un desarrollo sostenible.

En concreto, regula las siguientes figuras de intervención ambiental:

  • Evaluación Ambiental de planes y programa
  • Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
  • Evaluación en zonas ambientalmente sensibles (espacios de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos y sus zonas periféricas de protección, ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales, humedales incluidos en el Convenio de Ramsar y humedales singulares de Aragón, zonas núcleo y zonas de protección de las zonas núcleo de las Reservas de la Biosfera, y áreas comprendidas en los planes de protección de especies amenazadas).
  • Autorización Ambiental Integrada
  • Licencia ambiental de actividades clasificadas
  • Licencia de inicio de actividad (de competencia municipal)

Además, el anteproyecto de Ley regula la inspección y control y el régimen sancionador relacionados con estas figuras de intervención ambiental.

Una nueva normativa que se hace necesaria, tal y como ha recalcado la directora del INAGA, Nuria Gayán, “por varios motivos, a destacar dos razones fundamentales, como son la adecuación a la normativa básica del Estado, y la puesta en marcha de 18 medidas de simplificación administrativa”.

También esta necesidad de coordinación vertical ha sido destacada por la Comisión Europea, que señala que la proliferación de distintas regulaciones es un obstáculo a la mejora de la productividad, advertencia que debe ponerse en relación con el lugar que ocupa España, el puesto 52, en la clasificación del Banco Mundial de países según su facilidad para hacer negocios («Doing Business, 2014»).

Para conciliar el objetivo de preservar el medio ambiente con el de lograr una economía más competitiva y favorecer el desarrollo empresarial, el Gobierno de España está realizando un gran esfuerzo en revisar y reformar las normas básicas estatales, y corresponde a las Comunidades Autónomas sumarse a este esfuerzo común, para garantizar la unidad de mercado nacional Por este motivo, en los últimos años se vienen tramitando importantes modificaciones legislativas en materia ambiental en Aragón.

En el ámbito concreto medioambiental, es si cabe más importante esta homologación de normas, ya que casi todas las actividades económicas pasan por una intervención de la administración ambiental.

Además, hay que destacar que la tramitación de esta Ley sirve para impulsar la competitividad, dado que en el nuevo texto legal se han aprobado un total de 18 medidas concretas de las 64 medidas que contiene el programa de simplificación administrativa en materia de medio ambiente de Aragón.

La Ley estatal 21/2013 de evaluación ambiental otorgó un plazo de un año desde su entrada en vigor para que las Comunidades Autónomas con legislación propia en materia de evaluación ambiental adaptasen dicha legislación, no más tarde del 12 de diciembre de 2014. Aragón, junto con Castilla La Mancha, son las únicas dos comunidades que han cumplido el plazo establecido por el Estado.

Otros objetivos concretos de esta norma son:

  • Regular y priorizar la intervención del INAGA como organismo ambiental, de manera que se apliquen las herramientas y mecanismos de intervención más exigentes en las actividades que realmente tengan una importante afección al medio ambiente, a la vez que se rebaja o suprime esta intervención ambiental en las actividades de menor relevancia ambiental, especialmente de servicios, simplificando trámites y facilitando a los emprendedores el inicio de dichas actividades.
  • Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones
  • La reducción en el número de normas ambientales aplicables en Aragón
  • En esta Ley, se regula por primera vez los bancos de conservación de la naturaleza de Aragón, como figura novedosa: Son un conjunto de títulos ambientales o créditos de conservación que se otorgarán por la Administración a los titulares de determinados espacios o fincas en que se realicen actuaciones de conservación, de manera que estos créditos de conservación podrán constituir las medidas compensatorias o complementarias previstas en la legislación de evaluación ambiental, responsabilidad ambiental o patrimonio natural y biodiversidad. La puesta en práctica efectiva de esta figura novedosa está todavía pendiente y la Ley 21/2013 contempla un desarrollo reglamentario para ello.

Consideración de los efectos transfronterizos y entre Comunidades Autónomas de planes, programas, proyectos, actividades o instalaciones

La legislación básica estatal recoge la consulta con los gobiernos de otros Estados en caso de que un plan, programa, proyecto o actividad pueda tener efectos ambientales transfronterizos.

Desde la Comunidad Autónoma de Aragón se ha insistido en el seno de la Conferencia Sectorial en la importancia de regular esta misma cuestión también para los casos en que un plan, programa, proyecto, actividad o instalación, aunque no supere el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y por tanto se evalúe por la Administración autonómica, pueda tener efectos ambientales en otra Comunidad Autónoma limítrofe. Por ello, por una parte la Administración aragonesa queda obligada a consultar a las CCAA que puedan verse afectadas, a la vez que cuando se tenga conocimiento que desde otro territorio puede haber afecciones al territorio aragonés, se encomienda al Departamento competente en materia de medio ambiente que recabe la información necesaria para su adecuado seguimiento, y adopte medidas oportunas para garantizar la mínima afección ambiental.

El proceso de información y participación pública ha supuesto una tramitación adicional a la exigida por la normativa vigente, que resultó un gran éxito de participación y tuvo como resultado importantes mejoras en el texto. El número de entidades de todo tipo que han participado en este proceso (entidades empresariales, ONG ambientales, organismos públicos, asociaciones, sindicatos, colegios profesionales) ha sido 54, de las cuales 45 estuvieron presentes en los talleres deliberativos. El número total de aportaciones que se recibieron al texto de la ley fue de 367, cifra que triplica el número de enmiendas presentadas en estas Cortes de Aragón.

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