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El Gobierno de Aragón incorporará a 35 trabajadores del IAA como personal a extinguir

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  • Gobierno Aragón incorporará 35 trabajadores IAA como personal extinguir
  • El Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley que contempla la extinción del IAA.

Sobre la Entidad

Gobierno de Aragón
Aragón es una comunidad autónoma de España, resultante del reino histórico del mismo nombre y que comprende el tramo central del valle del Ebro, los Pirineos centrales y las Sierras Ibéricas.
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El Gobierno de Aragón incorporará a 35 trabajadores del Instituto Aragonés del Agua a su estructura en condiciones específicas y bajo la figura de personal laboral a extinguir. Esta medida forma parte de la decisión del Gobierno de Aragón de convertir el IAA en una dirección general de la Administración autonómica.

Esta incorporación no supone la atribución a estos trabajadores de la condición de funcionario público ni de laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Por ello, estos empleados no tienen los mismos derechos de movilidad voluntaria y promoción que el personal funcionarial, y solo podrán acceder a esta condición si superan los procesos selectivos.

“A extinguir” significa que, cuando una persona deje su puesto de trabajo porque se jubila o alguna otra razón, sus funciones serán desempañadas por el personal funcionarial.

El Gobierno de Aragón ha reunido a la Mesa Sectorial de Administración General en la que están representados los sindicatos para exponerle esta cuestión. El Instituto Aragonés del Agua es una entidad de derecho público, con la consideración de administración pública y en consecuencia, el personal contratado por esa entidad tiene la consideración de empleados públicos, por lo que el compromiso del Gobierno de Aragón es el de mantener el empleo.

El Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley que contempla la extinción del Instituto Aragonés del Agua. La Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de la gestión objetiva, integral y eficaz de sus competencias en materia de agua, considera más apropiado prescindir de la descentralización funcional que supuso la atribución de las competencias en materia de agua a una entidad de derecho público y asumirlas desde la estructura departamental de su Administración.

La intención es crear una dirección general dentro del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que asuma las competencias en materia de aguas  y coordine las competencias sectoriales. Son éstas las que deben permitir a la Comunidad Autónoma desarrollar una política de aguas con identidad propia, en el marco competencial estrictamente autonómico, sin perjuicio de la necesaria coordinación con las entidades competentes en el ámbito estatal y local.  

Este proceso derivará en la creación de una estructura más racionalizada, en la que se reducirá el número de jefaturas actual. Por otra parte, se prevén importantes mejoras en la eficiencia de la gestión, dado que los servicios transversales, tales como gestión presupuestaria y económica, contratación y personal de carácter general se desarrollará en las unidades administrativas de destino correspondientes, y a estas unidades de incorporará el personal dedicado a estas tareas.

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