Baleares crea una comisión de seguimiento de la sequía agrícola con el sector

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Sobre la Entidad

Govern de les Illes Balears
El Gobierno de las Islas Baleares es la entidad que ejerce el poder ejecutivo en la comunidad autónoma española de las Islas Baleares.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, se ha reunido con una representación de las organizaciones agrarias de las Islas Baleares, excepto ASAJA, que ha declinado la invitación este mismo lunes por la mañana.

El consejero Vidal ha recibido, primero, en Unió de Pagesos, que ha representado a su secretario general, Biel Torrens i Margalida Estelrich. Después ha sido el turno de Domingo Ferrari d'UPA-AIA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos- Asociación Intersectorial Agraria, para finalizar la ronda de contactos con UCABAL, Unión de Cooperativas Agrarias de las Baleares que preside Jerònima Bonafé que ha sido acompañada por la directora-gerente a Maria Francisca Parets.

El objetivo de los encuentros, que se repetirán el próximo miércoles 13 en Menorca, mientras se inicia una ronda de contactos con Ibiza y Formentera, era poner tres temas sobre la mesa que afectan en el sector como el Proyecto de Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible, aprobado viernes pasado en consejo de Gobierno; el decreto ley de medidas urgentes en materia urbanística que verá la luz mañana, y la sequía agrícola. En este último punto se ha consensuado la creación de una comisión de seguimiento entre la administración autonómica y las organizaciones agrarias para evaluar la evolución del episodio de sequía para determinar, siempre que sea necesario, medidas. Esta comisión se reunirá por primera vez el próximo viernes día 15.

Con respecto al impuesto turístico las diferentes asociaciones han manifestado su satisfacción por la incorporación de los aspectos agrarios y se han planteado la necesidad de idear proyectos concretos para presentar a la comisión.

Otro de los temas que preocupa el sector han sido los atrasos en el pago de la PAC. De los 7.000 beneficiarios, 1.000 todavía no han cobrado nada de la ayuda europea. 560 tienen todavía controles de campo y el resto hace referencia a los que han hecho una transmisión de derechos.

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