El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado la “intensa labor de mantenimiento, adecuación y restauración de cauces” que lleva a cabo la Junta de Andalucía desde hace años para mantener el buen estado ecológico de de los ríos y arroyos que discurren por la región. Con ello se cumple un doble objetivo, garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos y actuar en la prevención de avenidas e inundaciones.
Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha señalado que, además de las actuaciones preventivas para el mantenimiento de cauces, las distintas administraciones deben acometer también una serie de trabajos como consecuencia de su planificación o por obras hidráulicas, cauces urbanos o infraestructuras ejecutadas fuera del casco urbano, entre otras.
En esta línea, Fiscal ha aclarado que la Consejería es, según establece la Ley de Aguas de Andalucía, la responsable de aprobar y ejecutar anualmente un programa específico de mantenimiento de cauces, que en los últimos años ha tenido un presupuesto anual de 1,5 millones de euros y que según el presupuesto de 2016 ascenderá inicialmente a 3,6 millones de euros. Estas actuaciones tienen como objetivo recuperar el funcionamiento natural de los ríos y los procesos hidrológicos, sin alterar el paisaje.
De otro lado, la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que las actuaciones en cauces situados en zonas urbanas corresponderán a las administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo, es decir, a los ayuntamientos. Todo ello sin perjuicio de las competencias que la administración tiene sobre el dominio público hidráulico, la cual se encarga de autorizar las actuaciones que los entes locales soliciten realizar en los cauces urbanos. Cabe destacar que la retirada de los residuos urbanos que obstaculizan la evacuación de las aguas de ríos y arroyos es también responsabilidad municipal. En el caso de los residuos agrarios, la recogida o reciclado de los mismos será responsabilidad de los productores.
De otro lado, la Junta de Andalucía es la administración competente en acciones de defensa en zonas urbanas declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma, mientras que el Gobierno central es el responsable de las obras declaradas de Interés General del Estado.
Durante su intervención el titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha explicado que la política de la Junta en esta materia viene determinada por las características propias de la región, que la hacen especialmente vulnerable ante fenómenos extremos como son las lluvias torrenciales. Para Fiscal, las inundaciones son fenómenos naturales que no pueden evitarse, aunque algunas actividades humanas y el cambio climático están contribuyendo a aumentar las probabilidades de que ocurran. Todo ello con el consiguiente impacto negativo para el patrimonio natural, para actividades económicas y propiedades e incluso para la seguridad de las personas.
El consejero ha recordado que desde 1997 la Junta trabaja en la identificación y prevención de estos riesgos. Así en 2002 el Gobierno de la Junta aprobó mediante decreto el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, con el fin de prevenir y minimizar los riesgos por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces. En él se incluye un programa de inversiones de 1,2 millones de euros y un horizonte de finalización fijado para el año 2015.
Igualmente, ha desarrollado en los últimos años la Directiva Europea de Inundaciones, en la que se recogía las Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación, Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación y Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Unos documentos que se tenían que elaborar para cada una de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias andaluzas (Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete y Barbate y Cuenca Mediterránea).
Cabe destacar que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado día 20 de octubre los planes de gestión de riesgo de inundación de las tres cuencas, cumpliéndose así los requisitos exigidos por la Unión Europea en relación a la aprobación de los citados planes antes de final de 2015.
