El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central realice el trasvase de aguas superficiales de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir para solventar así algunas de las cuestiones planteadas por la Comisión Europea en el Dictamen Motivado emitido el pasado 28 de abril, entre las que se encuentra un posible incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas.
Fiscal ha explicado que el acuífero Almonte-Marisma, cuya sobreexplotación se discute, pertenece a la Demarcación del Guadalquivir competencia del Estado, Administración responsable de regularizar la situación de las captaciones y liberar la presión sobre la cantidad de aguas subterráneas y su afección a las superficiales.
Además, el consejero ha abundado en que, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se está impulsando mediante una Proposición de Ley, la ordenación de un trasvase anual de 4,99 hectómetros cúbicos procedentes de la Demarcación Tinto-Odiel-Piedras (competencia de la Junta) a la del Guadalquivir. También se ha trabajado conjuntamente para la aprobación de la Ley de Trasvase de los otros 15 hectómetros cúbicos con recursos procedentes del Tinto-Odiel-Piedras.
El responsable de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha recordado que, para solucionar entre otras cuestiones la sobreexplotación del acuífero, se ha aprobado el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, que contempla 9.340 hectáreas agrícolas regables en una superficie total de 64.457 hectáreas.
Por eso, en su comparecencia en la Comisión parlamentaria, el consejero ha realizado una exposición general de las medidas tomadas hasta la fecha en el seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona Norte, tales como la elaboración de un borrador del reglamento de régimen interno, la inclusión en el programa de Fondos FEDER de una actuación de desarrollo de los corredores ecológicos vinculados al documento, la creación de un sistema de indicadores de seguimiento, coordinación, gestión y ejecución de las determinaciones del mismo, etc.
En cuanto a acciones concretas, se ha realizado la apertura de expedientes sancionadores por infracciones a la legislación sectorial ambiental, forestal y de gestión del dominio público hidraúlico, por transformaciones del uso del suelo sin autorización administrativa, ocupaciones de monte público, así como aprovechamiento de aguas públicas sin título habilitante.
Además, se está desarrollando la regulación de aprovechamientos de agua en cuenca intracomunitaria mediante otorgamiento de concesiones a las comunidades de regantes con tomas directas en el Sistema General Infraestructuras de Huelva. También han finalizado recientemente las obras de abastecimiento al Condado de Huelva y entorno de Doñana.
No obstante, Fiscal ha asegurado que “Doñana no vive en la actualidad una situación de gravedad, lo cual no significa que se mire con preocupación cualquier riesgo de su conservación”. El consejero ha insistido en que Doñana forma parte de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con exitosos programas de conservación referentes en la comunidad internacional como el del lince ibérico. “Siendo todo ello una señal inequívoca de que, dentro de los problemas detectados, se están haciendo bien las cosas”, ha indicado.
