El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado en el Parlamento andaluz que la Junta está en contra del proyecto de gaseoducto de Gas Natural y que de ninguna manera va a permitir que se desarrolle por terrenos que afecten al Espacio Natural de Doñana. Fiscal ha defendido la necesidad de evaluar de forma conjunta los cuatro proyectos en que Gas Natural ha dividido la actuación para tener en cuenta los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos que podrían causar en Doñana y su entorno, una exigencia que no ha sido aceptada por el Gobierno central y que la Administración autonómica ha trasladado a la Comisión Europea.
Cabe destacar que en 2014, cuando se produjo la paralización de los expedientes debido a la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno central de revisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para que se tuvieran en cuenta los impactos acumulativos de todos los proyectos, Gas Natural presentó una reclamación de 358 millones de euros al Gobierno autonómico por responsabilidad patrimonial por la paralización de dichos proyectos.
La Junta está en contra del proyecto de gaseoducto de Gas Natural
Para el consejero, el interés de la Junta por preservar los valores naturales de Doñana la ha llevado a analizar desde un principio, en el ámbito de sus competencias, el proyecto de gaseoducto iniciado por Gas Natural. No en balde, según la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, el organismo competente para autorizar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por tanto es también el Estado el encargado de emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En definitiva, ha insistido el consejero, el proyecto de Gas Natural está avalado técnica y medioambientalmente por el Gobierno central, que tiene las competencias para autorizar este tipo de iniciativas y evaluarlas ambientalmente. De hecho, lo ha declarado de interés público mientras se encontraba en funciones el exministro Soria.
En el transcurso de su intervención, el titular de Medio Ambiente ha recordado que los cuatro proyectos en que la compañía ha troceado el gaseoducto están sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU). Así, en el caso de 'Marisma Oriental', la AAU fue desfavorable por su afección negativa al Espacio Natural de Doñana; mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con autorizaciones expresas favorables. La autorización para este último, cercano al ámbito geográfico de este espacio natural pero no en el interior del mismo, fue sometida al criterio del Consejo de Participación de Doñana que informó favorablemente al estimar que el condicionado era lo suficientemente riguroso. El de Saladillo, dispone de una AAU virtual ya que es anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, aunque sí deberá respetar la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos, para lo cual habrán de tenerse en cuenta los nuevos instrumentos de planificación de Doñana, recientemente aprobados, que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.
Fiscal ha aclarado que la no concesión por parte de la Junta de la autorización ambiental unificada a 'Marisma Oriental' representa un serio obstáculo para la viabilidad de los demás. En la práctica, la Junta ha paralizado con esta acción tres de los cuatro subproyectos por la interrelación e interdependencia que guardan entre ellos.
El consejero ha especificado que como medida adicional de protección del medio ambiente, Andalucía incluyó en la Ley autonómica de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), una medida adicional de protección denominada Autorización Ambiental Unificada (AAU), gracias a la cual se dispone de un procedimiento propio para evaluar las incidencias ambientales de los proyectos. No obstante, esta autorización no puede sustituir ni desvirtuar la competencia estatal, ejercida a través de la DIA.
El consejero ha concluido su intervención instando a los grupos políticos a que ejerzan el debido control sobre el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados y en el Senado, para que respondan en sede parlamentaria sobre las consecuencias de sus decisiones y sobre estos proyectos ya que son “competencia del Estado”. Igualmente ha hecho un llamamiento a todos los partidos para sacar al Espacio Natural de Doñana de la “batalla partidista” y para no utilizarlo como “arma arrojadiza” sin el más mínimo análisis ni justificación técnica que avale lo que se denuncia.
