Después de casi tres años de paralización entre 2011 y 2014, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha concluido la construcción de un grupo de depuración de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a cuatro municipios de La Mancha conquense que suman 1.275 habitantes y que se sitúan en el entorno del río Záncara, una zona de gran belleza natural.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asistía al acto de puesta en funcionamiento de estas depuradoras de aguas residuales tras haberse producido en fechas recientes la recepción de las obras llevadas a cabo. El presidente ha visitado las instalaciones de la EDAR de Zafra de Záncara, donde ha sido informado de las características técnicas de una planta capacitada para limpiar 700 metros cúbicos diarios mediante un sistema de ‘filtros verdes’ que emplea dos balsas con cubierta vegetal para purificar las aguas residuales. La EDAR de Zafra puede filtrar el equivalente a 500 habitantes en un municipio con 141 personas censadas, lo que permite prevenir necesidades futuras y atender a la potencial instalación de nuevas empresas.
Villarejo de las Fuentes, Huerta de la Obispalía, Villares del Saz y Zafra de Záncara son las localidades cubiertas por el nuevo grupo de depuración, en cuya construcción ha invertido la Junta de Comunidades una cifra próxima a los 3 millones de euros. Las obras de estas depuradoras permanecieron suspendidas desde noviembre de 2011 hasta el tramo final del mandato anterior por impagos al contratista.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, recalcaba durante el acto oficial de apertura de estas EDAR en La Mancha conquense que el sistema de construcción de las depuradoras “no es nada agresivo ni para el paisaje ni para el entorno”, por lo que ha avanzado que el Gobierno regional continuará empleándolo en el medio rural incluso mediante un procedimiento “mejorado” porque además “requieren de unos costes de mantenimiento y de explotación muy pequeños”, lo que las hace idóneas para los municipios de menor tamaño.
La consejera de Fomento ha recalcado que el sistema de construcción de las depuradoras “no es nada agresivo ni para el paisaje ni para el entorno”
La consejera ha recalcado que el Gobierno regional está realizando los trabajos de redacción de un nuevo y “ambicioso” Plan de Depuración para Castilla-La Mancha que supondrá que todas las poblaciones de la comunidad autónoma cuenten con un tratamiento correcto de sus aguas residuales independientemente de su población para el horizonte 2027. “Es necesario para nuestro medio ambiente, para que nuestros ríos discurran con aguas limpias, con aguas depuradas”. De la Cruz ha revelado que el proceso mediante ‘filtros verdes’ será la pauta a seguir en las localidades de menor población.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la consejera ha recordado que el ejecutivo regional anterior paralizó en los últimos meses de 2011 un total de 157 depuradoras que se hallaban en construcción o contratadas y cuyo funcionamiento beneficiaba a más de 100.000 habitantes de distintos puntos de la región. Sólo una docena de estas actuaciones se retomaban en 2014. El resto continuaron paradas.
De esas 157 obras detenidas durante el anterior mandato, el Gobierno actual mantiene ahora mismo a través de Infraestructuras del Agua, organismo adscrito a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 38 depuradoras en construcción, en las que se van a invertir 32 millones de euros entre los ejercicios 2016 y 2017.
Estas paralizaciones han supuesto graves perjuicios para aquellas EDAR cuyas obras ya se habían iniciado debido al deterioro causado por el vandalismo y los robos en las plantas a medio construir. La consejera ha cifrado además en cerca de 30 millones de euros las pérdidas acumuladas durante ese período en la región como consecuencia de los fondos europeos FEDER. Desde la Consejería de Fomento se considera que las pérdidas económicas acumuladas derivadas de todas estas cuestiones ascienden a una cifra próxima a los 68 millones de euros que repercuten directamente sobre las arcas regionales.
A estos efectos negativos directos para la Junta de Comunidades hay que sumar los 76 ayuntamientos de más de 2.000 habitantes que están siendo objeto de procedimientos sancionadores instruidos desde la Comisión Europea por el incorrecto tratamiento de sus vertidos. “Es algo que no nos podemos permitir”, ha dicho De la Cruz. Más difícil de evaluar económicamente es el coste medioambiental o las pérdidas en posibilidades de desarrollo que pueden haber sufrido los pueblos y ciudades de la región a consecuencia de las carencias en el proceso de limpieza de las aguas antes de su devolución a la red fluvial.
Finalizadas y recibidas bajo la gestión del Gobierno actual, las EDAR cuentan ahora con un período de explotación inicial de dos años de duración. El Gobierno regional ha invertido 852.912 euros en la EDAR de Villarejo de Fuentes, 758.748 euros en la de Huerta de la Obispalía, 1,1 millones de euros en la unidad de Villares del Saz y 565.160 euros en la estación depuradora de Zafra de Záncara. La capacidad conjunta de depuración es equivalente a 3.000 habitantes. Todas las plantas presentan similares características técnicas.
