El principio de legalidad en la gestión del agua en España: garantía de seguridad jurídica

187
2
  • principio legalidad gestión agua España: garantía seguridad jurídica

Sobre la Entidad

Marca Agua España
Iniciativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la web Spain Technology del ICEX para dar a conocer la excelencia de los sectores público y privado en la gestión del ciclo del agua.
Web

Decía el profesor García de Enterría que la Administración Pública no puede seguir otra lógica que la jurídica, la que marca la Ley. Pues ello es condición imprescindible en un estado de derecho. La gestión del agua y la tutela del dominio público hidráulico en España ha seguido desde sus orígenes esta lógica, haciendo del principio de seguridad jurídica que comporta el disponer de un cuerpo normativo regulador de este recurso, una de las señas de identidad más características -aunque a veces menos publicitada- del sistema español de gobernanza del agua. Un signo de identidad de la Marca Agua España.

España, que recibió su civilización y leyes de Roma, que durante siete siglos fue ocupada por un pueblo de gran genio hidráulico, como el árabe, cuenta desde hace siglos con una importantísima historia legislativa sobre el agua.

Podría decirse que la legislación española de aguas está presente en los cuerpos legislativos más trascendentes que a lo largo de la historia han regido las principales relaciones jurídicas de las personas y los territorios: basta citar el Fuero-Juzgo, las Siete Partidas, la Novisima Recopilación, las legislaciones Forales más notables (aragonesa, navarra y catalana) y, por supuesto, el Código Civil de 1889. Todo esto permite afirmar que desde antiguo la legislación española es riquísima en materia de aguas.

Andando los tiempos, en el siglo XIX surge el Derecho Administrativo y con él las nuevas concepciones sobre las aguas superficiales y su carácter de bien de dominio público. Se abandonan ideas tan arraigadas en materia de aguas como la propiedad de las mismas, vinculada a los señoríos jurisdiccionales, que quedan abolidos, y los privilegios de ciertos aprovechamientos, pasando al libre uso de los pueblos con arreglo al derecho común y a las reglas municipales establecidas. Se mantiene la posible propiedad de las aguas subterráneas.

Aparece a finales del siglo XIX la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879, modelo en su género y en su tiempo, con una vigencia que ha sobrepasado los cien años. La Ley recoge las nuevas tendencias del Derecho Administrativo, surgidas en su siglo. Es curioso destacar que en la Ley de 1879 se segrega todo lo relativo a las aguas marítimas, que pasaron a contar con una legislación propia. Esta ley, según su propia exposición de motivos, “se concibe como una Ley general de Aguas que comprendiese todas las disposiciones relativas a este objeto”.

Ya en el siglo XX, en su última parte, se aprueba la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Nuevamente la historia se vuelve a repetir, pues esta ley surge como consecuencia de la necesaria adecuación legislativa al nuevo orden establecido por la Constitución Española de 1978. Ley de Aguas, de 13 de junio de 1879 no puede dar respuesta a los requerimientos que suscitan la nueva organización territorial del Estado y el Estado democrático nacidos de la Constitución de 1978, ni a las profundas transformaciones experimentadas por la sociedad, los adelantos tecnológicos, la presión de la demanda y la creciente conciencia ecológica y de mejora de la calidad de vida.

De acuerdo con esta Ley, el agua constituye un recurso unitario que se renueva a través del ciclo hidrológico y que conserva, a efectos prácticos, una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas del país. No cabe, por tanto, distinguir entre aguas superficiales y subterráneas. Se impone una sola calificación jurídica para las aguas, como bien de dominio público estatal. Esta declaración no afecta necesariamente a los derechos adquiridos sobre las aguas subterráneas, alumbradas al amparo de la legislación que se deroga, dado el planteamiento opcional de integración en el nuevo sistema que la Ley establece.

En el último año del siglo XX se aprueba una importante reforma de la Ley de Aguas. Es la Ley 46/1999. En ella se introducen aspectos muy novedosos en materia de aguas tales como el régimen jurídico de las obras hidráulicas, los contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas, los Centros de Intercambio de Derechos y la consideración de las aguas desaladas como elemento que integra el dominio público hidráulico. Al tiempo que se da respuesta a la necesidad de incrementar la producción de agua mediante la utilización de nuevas tecnologías en materia de desalación o reutilización. Finalmente, con esta ley se pretende introducir políticas de ahorro de dicho recurso, bien estableciendo la obligación general de medir los consumos de agua mediante sistemas homologados de control o por medio de la fijación administrativa de consumos de referencia para regadíos.

La aprobación de esta Ley, junto con otras leyes que habían modificado parcialmente aspectos relacionados con el agua (sociedades estatales, contratos de concesión de obra pública etc.), es lo que ha dado lugar al vigente Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado en 2001.

Por último, llegamos al siglo XXI, a la actualidad. Nuevamente la legislación de aguas tiene que adaptarse a los cambios, a las nuevas exigencias, esta vez derivadas de la pertenencia de España a la Unión Europea, en definitiva, a su condición de Estado miembro. En el año 2000 se aprueba la llamada Directiva Marco del Agua. En ella se fijan las políticas del agua para las próximas décadas bajo unos principios, en gran medida novedosos para la legislación española.

La Directiva Marco plantea en síntesis las siguientes ideas: la preocupación por la calidad de las aguas europeas (continentales y costeras), la necesidad de fijar unos objetivos ambientales que mejoren la calidad de las aguas y aseguren la pervivencia de los ecosistemas a ella asociados y la necesidad de concienciar a la población acerca de los elevados costes que la adecuada gestión de las aguas conlleva, estableciendo para ello el principio de recuperación de los costes asociados a los servicios relacionados con el agua y la necesidad de que los Estados implanten medidas que incentiven el uso racional y sostenible del recurso. Todo ello en el marco de una adecuada planificación hidrológica.

La fortaleza que proporciona un cuerpo normativo, con tanta raigambre y dotada de un nivel técnico jurídico de primer orden, siguen constituyendo, hoy por hoy, un pilar fundamental para dotar de seguridad jurídica y eficacia a la acción pública

La legislación española de aguas ha incorporado las exigencias de la Directiva Marco, en un primer momento, en 2003, llevando al Texto Refundido aquellos aspectos de mayor calado jurídico como son los relativos a la definición de cuenca, concepto de demarcación hidrográfica, nuevo concepto de planificación hidrológica, objetivos de calidad, programas de medidas y los importantes principios de no deterioro y de recuperación de costes, entre los principales. Con el paso de los años, ese primer nivel ha sido objeto de desarrollo y profundización, lo que ha permitido aprobar numerosas normas de carácter reglamentario.

A modo de conclusión, podemos decir que los principios básicos de la ley de 2 de agosto de 1985 (dominio público estatal, gestión por cuencas -ahora demarcaciones- y planificación hidrológica) siguen siendo plenamente válidos en nuestros días. Cabe añadir que estos principios son un referente en muchos países de distintos continentes a la hora de establecer nuevas formulas de gestión del agua. Gestión que a todas luces se presenta muy compleja por la gran variedad de circunstancias, aspectos y situaciones que tiene que atender y que están presentes, como en los primeros tiempos de la historia, en el día a día de las civilizaciones.

La fortaleza que proporciona un cuerpo normativo, con tanta raigambre y dotada de un nivel técnico jurídico de primer orden, siguen constituyendo, hoy por hoy, un pilar fundamental para dotar de seguridad jurídica y eficacia a la acción pública destinada a prestar los distintos servicios públicos que aglutina el ciclo del agua, servicios básicos para el desarrollo de la sociedad y para la preservación del medio ambiente.

Comentarios