La Oficina del Defensor del Pueblo pide a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta la anulación de su tramitación ambiental ante la carencia efectiva de recursos hídricos para acometerlos.
Tras la reclamación cursada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva esta primavera y la investigación iniciada por el Alto Comisionado, el organismo concluye tras la información recibida de las Administraciones Públicas, que tal como señaló en su momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) "no existe disponibilidad de recursos hídricos suficientes para acometer los proyectos mineros presentados" y que esta conclusión "puede extenderse al resto de permisos de investigación en curso", al no ser posible "un uso privativo de los recursos hídricos sin título concesional habilitante o que haya sido adquirido por disposición legal", tal y como marca el artículo de 52 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Además, el Alto Comisionado señala que "los informes emitidos por los Organismos de cuenca en relación con el ejercicio de sus competencias tienen carácter vinculante", señalando que, de manera análoga en otro caso estudiado por la institución, el proyecto de la mina de oro asturiana de Salave no se acometió por los informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que fueron determinantes en su momento para la formulación de una Declaración de Impacto Ambiental también desfavorable.
En definitiva, la Oficina del Defensor del Pueblo considera que la falta de disponibilidad de recursos hídricos de Quantum Minería S.L. es un hecho "que no puede obviarse por la Administración de Minas, la cual no puede pretender continuar con la tramitación de los procedimientos como si fuera posible su realización si ni siquiera vislumbrar la solución del problema de la falta de agua".
Ausencia de referencias a la minería de tierras raras en el Plan Estratégico
Por otra parte, según señala el Defensor del Pueblo "el Plan Estratégico de recursos mineros no energéticos de Castilla-La Mancha se aprobó en 2014 y no contiene referencia a la explotación de las denominadas tierras raras". No obstante, "las solicitudes presentadas son de 2013, momento en el que debía estar en elaboración el Plan, por lo que esa Administración tenía conocimiento de la actividad extractiva que pretendía investigarse y explotarse", a resultas de lo cual "debería de haberse incluído en el Plan y haberse sometido a evaluación estratégica junto con el resto de actividades mineras".
En este sentido, el Alto Comisionado considera que "una evaluación independiente de cada proyecto no excluye ni la evaluación previa" ni la "evaluación del impacto acumulativo de todos los proyectos" de minería de tierras raras "sobre un mismo espacio físico", dado que la Administración "debe intervenir para lograr una adecuada salvaguarda no sólo de los derechos mineros, sino también de los intereses generales que concurren, en este caso, los de protección ambiental y de ordenación urbanística y territorial" en especial "si el agua debe ser detraída de otros usos destinados a actividades económicas, con la consiguiente incidencia en el modelo e desarrollo de la Comarca del Campo de Montiel".
Afección de los proyectos mineros sobre la Red Natura 2000
En referencia a la evaluación de espacios de la Red Natura 2000, el Defensor del Pueblo considera que el hecho de que los proyectos de minería de tierras raras no se encuentren ubicados dentro de la zona protegida a nivel europeo (aunque sí en sus proximidades) "no implica que no deban ser evaluados ni que se asuma que no producen efectos", y que el propio artículo 45 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad hace referencia a que los proyectos "puedan afectar de forma apreciable a las especies o a los hábitats de un espacio, no que el proyecto se ejecute dentro del mismo", razón por lo cual sería necesario efectuar los estudios preceptivos a la hora de considerar cualquier tipo de evaluación ambiental.
Toque de atención al Ejecutivo castellano-Manchego
Por todo ello, la Oficina del Defensor del Pueblo solicita respuesta inmediata al Ejecutivo de Emiliano García-Page e insta a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a "la suspensión de los procedimentos de evaluación ambiental iniciados de los proyectos de explotación de minería de tierras raras objeto de queja, y no iniciar otros nuevos hasta que se solucione el problema de falta de disponibilidad de recursos hídricos para acometerlos", solicitando a la autoridad administrativa castellano-manchega "que indique los motivos por los que no se incluyó la investigación y extracción de tierras raras en el contenido del Plan Estratégico y Minero, quedando excluída de la evaluación estratégica solicitada".
